Una misión independiente de juristas internacionales aseguraron este viernes que las comunidades indígenas del norte de Guatemala están desalojándolas violentamente de sus tierras y con un sistema jurídico que no les permite reclamar sus derechos.
“Las comunidades indígenas enfrentan una distribución desigual de la tierra, racismo, violencia y falta de acceso a la justicia”, declaró, durante una conferencia de prensa, la abogada colombiana Camila Zapata, especializada en derechos humanos e integrante de la misión que visitó Guatemala.
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Durante una semana, siete abogados de Brasil, Reino Unido, Colombia, Perú y Estados Unidos, visitaron el departamento de Alta Verapaz, en el norte de Guatemala, para reunirse con comunidades indígenas q’eqchi’s que las desalojaaron de sus “territorios ancestrales”.
De forma preliminar, los abogados concluyeron que existe una “criminalización generalizada” provocada por denuncias de finqueros y empresas privadas contra las comunidades indígenas de esta región de Guatemala.
La misión de juristas externó su preocupación porque el Estado de Guatemala ha permitido decenas de desalojos violentos sin agotar las instancias civiles para comprobar la certeza jurídica de la tierra.
#DesdeLosTerritorios Comunidad Río Zarquito, Panzos, Alta Verapaz. Una mujer viuda es despojada de sus tierras para cultivar palma aceitera.
Florida Xol Witz, expresa con preocupación que es acosada y también amenazada, por trabajadores de la Finca San José Panorama. pic.twitter.com/qpf81m7SGW
— Carlos Ernesto Choc (@CarlosErnesto_C) March 25, 2023
Decenas de desalojos
De acuerdo con datos de la Policía Nacional Civil, al menos 25 comunidades indígenas de Alta Verapaz han sido desalojadas violentamente de 2015 a la fecha.
La mayoría de desalojos de esta región, examinada por los juristas internacionales, están ligados a transnacionales mineras y agroindustria de palma africana, de acuerdo con un informe publicado por Naciones Unidas en 2015.
La misión de juristas explicó que se reunieron con autoridades de Gobierno y algunas de estas reconocieron que existen carencias en el marco jurídico para resolver los conflictos agrarios en Guatemala.
