Un grupo de excancilleres, empresarios, académicos, exfiscales, abogados y políticos guatemaltecos escribieron una carta a la presidenta de la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Nancy Pelosi; solicitaron su “intervención más decidida” para contener a los grupos criminales y proteger la democracia de Guatemala.
Entre el grupo de guatemaltecos que firman la carta destaca el exvicepresidente Rafael Espada 2008-2012; además del científico y fundador de la millonaria aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo, Luis Von Ahn. En la misiva se solicita el apoyo de Pelosi, el Departamento de Estado y otras agencias de dicho país para “coordinar acciones encaminadas a recuperar la política bipartidista hacia Guatemala y Centroamérica”.
Lee también: Presidente del Congreso Allan Rodríguez es trasladado de emergencia al Hospital Militar
Según los 24 firmantes, la emergencia provocada por el COVID-19 podría ser utilizada “para consolidar un Estado criminal en una región geopolítica estratégica”; principalmente debido al “riesgo de captura total de las más altas Cortes de Justicia en los próximos meses”.
El COVID-19 ha dejado 46 mil 451 casos positivos y ocasionado 1 mil 782 decesos en Guatemala.
Estos grupos criminales atentan contra la democracia del país. “Forman parte de poderosas organizaciones ilícitas transnacionales”, dicen los firmantes.
Ciudadanos guatemaltecos envían carta a la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi ante situación que vive Guatemala por el tema de la Corte de Constitucionalidad. pic.twitter.com/xfiWmrQEod
— Diario La Hora (@lahoragt) July 27, 2020
“El avance de los grupos corruptos y mafiosos -camuflados en instituciones- pone en riesgo la democracia guatemalteca; además, convierte a nuestro país en fuente de inseguridad para sus vecinos México, El Salvador y Honduras y, por su puesto, Estados Unidos”, subrayó la carta.
Expansión de grupos criminales sin CICIG
La salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-, debido a la negativa del expresidente Jimmy Morales 2016-2020 de renovar su mandato, permitió a “grupos criminales recuperar el dominio de las Cortes del Organismo Judicial”; así como del Congreso y “la complacencia del Gobierno de Alejandro Giammattei”, enfatizaron.
En septiembre de 2019 tras once años de actividad conjunta con el Ministerio Público, dejó de existir la CICIG.
Esta alianza que pone en riesgo la democracia cuenta con la participación de “un grupo de empresarios radical y muy poderoso; dicen librar una ‘lucha contra el comunismo'”, esgrimieron los guatemaltecos.
Along with a group of prominent Guatemalans concerned about corruption, I just sent this letter to @SpeakerPelosi hoping that @StateDept applies pressure to follow the rule of law. Fostering economic prosperity and fighting corruption in Guatemala helps stop illegal immigration. pic.twitter.com/4zfoa1GeTP
— Luis von Ahn (@LuisvonAhn) July 28, 2020
La CICIG imputó a más de 250 funcionarios. Además de presidentes y expresidentes, ministros y empresarios en más de una docena de casos de corrupción durante los últimos cinco años; por desfalcar al Estado por más de 500 millones de dólares, de acuerdo a registros judiciales.
“Directiva del Congreso ha provocado una crisis”
En la carta, el grupo recordó que “recientemente, la directiva del Congreso -presidida por Allan Rodríguez, diputado del partido oficial Vamos- ha provocado una crisis del orden constitucional al desafiar las resoluciones de la Corte de Constitucionalidad”
Además de Espada y Von Ahn, la carta fue firmada por la exfiscal general Claudia Paz y Paz y el exmagistrado Constitucional Jorge Mario García Laguardia; también por la exmagistrada Claudia Escobar y por los excancilleres Alfonso Cabrera, Ariel Rivera, Fernando Carrera, Edgar Gutiérrez y Gabriel Orellana.
Otros firmantes son el empresario y exministro de Finanzas Peter Lamport; las exministras de Cultura Anaisabel Prera y Otilia Lux de Cotí; los expresidentes del Constitucional Rodolfo Rorhmoser y Mauro Chacón; las exvicecancilleres Anamaría Dieguez y Luis Alberto Padilla; el exembajador Francisco Villagrán y el abogado de derechos humanos Frank Larue.
🚨Un grupo de guatemaltecxs, entre ellxs Claudia Paz y Paz, Luis von Ahn, Jayro Bustamante y Marta Elena Casaús, enviaron una carta a la congresista estadounidense Nancy Pelosi donde solicitan una “intervención más decidida del @StateDept" ante la captura de la justicia del país. pic.twitter.com/Bjv2u2ZtJM
— Jody García (@JodyReporta) July 27, 2020
Finalmente, se adhirieron la autora y profesora de la Universidad Autónoma de Madrid Marta Elene Casaús Arzú; la antropóloga Alejandra Colom; el cineasta Jayro Bustamante y los empresarios Carlos Porras González y Estuardo Porras Zadik.
Acoso a magistrados de la CC
El acoso político a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se profundizó en el tramo final del mandato de Jimmy Morales. El año pasado, como parte de su cruzada en contra de la lucha anticorrupción protagonizada por la CICIG.
Esta presión, sin embargo, continuó hace unas semanas cuando la Corte Suprema de Justicia, dio trámite a una denuncia y solicitud de antejuicio a cuatro de los cinco magistrados titulares constitucionales; esto por haber detenido la elección de 250 jueces del Supremo y de las Salas y Cortes de Apelaciones debido a irregularidades en la misma.
