Los representantes de los indígenas desplazados en la comunidad Laguna Larga, al norte del país, exigieron al Estado ser reubicados. Esto durante el 189 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrado en Washington.
“No tenemos condiciones dignas de vida. Necesitamos que el nuevo gobierno vea nuestra situación y resuelva pronto”. Así lo explicó ante la CIDH Constantino Vásquez, uno de los líderes de la comunidad de Laguna Larga. Es una región, que desde junio de 2017 fue desplazada a la línea fronteriza entre la selva que divide a Guatemala de México.
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De acuerdo a testimonios de los habitantes del lugar, militares y policías en 2017, quemaron la Comunidad Laguna Larga. Por ello se vieron obligados a desplazarse a la zona de adyacencia entre México y Guatemala.
Desde diciembre de 2017, la CIDH otorgó medidas cautelares a los habitantes de Laguna Larga. Esto al considerar que se cometieron daños irreparables a sus derechos.
El abogado Juan Castro, representante legal de la comunidad, se refirió al tema y a la situación en que viven las familias del lugar. Los más de 490 pobladores viven en una “total violación a su derechos básicos” y “el Estado guatemalteco” debe reubircalos.
Los representantes de esta comunidad resaltaron ante la CIDH que existe una gran complejidad para acceder a alimentos. Además, su conservación es compleja por carecer de condiciones para preservar su comida.
Mientras el Estado corrupto va a desalojar una comunidad en Cobán, el 2 de junio de 2022 se cumplen 5 años del desalojo de Laguna Larga. A quienes dejo en abandono total y con graves violaciones a Derechos Humanos. pic.twitter.com/hid1pX3NWE
— Noe Amador (@Amadore86) May 25, 2022
Durante la sesión, la representante de la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH) de Guatemala, María Eugenia Rivera, habló del tema. Indicó en favor de la comunidad de Chaab’il Ch’och’ que también se espera que los reubiquen tras su desalojo en 2017.
Gobierno reconoce violaciones a derechos de los pobladores
Por su parte, Oswaldo Samayoa, director Ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), indicó que el primer paso es “reconocer que existen violaciones a derechos humanos para poder solventar”.
Samayoa agregó que el compromiso del presidente Bernardo Arévalo de León es “detener las violaciones sistemáticas a derechos” y “restablecer el diálogo que se rompió hace muchos años”.
El pasado 7 de febrero, Arévalo de León firmó junto a las principales organizaciones campesinas del país, un acuerdo para atender la conflictividad agraria y el acceso a la tierra que afecta a miles de campesinos en todo el territorio.
De acuerdo con estudios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la conflictividad agraria en el país centroamericano es un problema grave que se deriva de la tenencia desigual de la tierra y cuyas dinámicas no favorecen a las comunidades campesinas.
