La organización Human Rights Watch (HRW) publicó este jueves su informe anual, denunciando la persecución arbitraria auspiciada por el Ministerio Público (MP) en Guatemala.

Desde 2022, unas 91 personas han optado por el exilio, incluyendo operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

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Persecución y casos espurios

Según HRW, el Ministerio Público, liderado por la fiscal general Consuelo Porras, ha impulsado casos espurios contra jueces, abogados, periodistas y activistas. También apunta a funcionarios del gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León como objetivos de estas acciones.

El informe destaca la situación de la fiscal anticorrupción Virginia Laparra, quien se exilió en julio de 2024 tras pasar dos años en prisión por un caso que HRW califica de “fabricado”. Asimismo, el exfiscal Stuardo Campo enfrenta prisión por tres causas distintas, con audiencias judiciales retrasadas, violando su derecho a un juicio justo.

Datos de exiliados y elección de cortes

HRW indica que, entre 2022 y 2024, se han exiliado 44 operadores de justicia y 26 defensores de derechos humanos. Además, resalta la falta de renovación en la Corte Suprema de Justicia y las Salas de Apelaciones tras el proceso de elección realizado en 2024.

El Congreso de Guatemala eligió magistrados señalados de corrupción, algunos acusados de amañar la elección anterior en 2019. La OEA fiscalizó el proceso y en septiembre pasado denunció fallas estructurales y actos de corrupción en la elección.

Un año de gobierno para Arévalo

El informe también menciona el primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo de León, quien asumió el poder en medio de intentos del Ministerio Público por revertir los resultados de las elecciones de 2023 y bloquear su asunción.