Diversas organizaciones civiles, activistas y opositores del Gobierno de Alejandro Giammattei pidieron la renuncia de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, por la sanción en su contra por corrupción del Departamento de Estado de Estados Unidos.

Una de esas voces fue la del director ejecutivo del Instituto 25ª, entidad que surgió por las protestas contra la corrupción en 2015, Gabriel Wer, dijo que la petición de renuncia a Porras “no ha perdido vigencia”. Desde que destituyó a Juan Francisco Sandoval de la FECI.

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“La exigencia de la renuncia a la fiscal sigue ahí, no ha cesado”, indicó el opositor al Gobierno y a sus aliados, mediante el activismo, la investigación y la defensa de la democracia.

Las declaraciones de Wer se registran después de que Estados Unidos impuso sanciones contra cinco magistrados salvadoreños y dos guatemaltecos. Incluido su mano derecha, Ángel Pineda Ávila, secretario general del MP.

De acuerdo al Departamento de Estado estadounidense, Porras y Pineda “obstruyeron investigaciones sobre actos de corrupción”, por lo que con la sanción, quedaron imposibilitados de ingresar a Estados Unidos.

La sensación que tiene Wer es que “más que afectar a Consuelo, afecta” al presidente Giammattei. Y a “quienes lo sostienen, como las cámaras empresariales, la Fundación contra el Terrorismo y sus aliados, magistrados y diputados”.

La fiscal, ejemplificó el activista “se convierte en una especie de kriptonita”. Quienes tienen que reconsiderar su postura son quienes la apoyan o sostienen en el poder”.

La decisión de Estados Unidos responde al trabajo que ha hecho la fiscal general en “votar todos los casos de corrupción. Impulsar acusaciones espurias contra operadores de justicia, periodistas y defensores de derechos humanos”, agregó Wer.

Porras despidió a Sandoval el 23 de julio, por “anomalías” en su gestión. Pero la jefa del MP llevaba dos años indicando que apoyaba del personal de la FECI, incluido Sandoval.

Una sanción sin precedentes

La sanción además, es “histórica” en Guatemala, subrayó Wer, ya que es “novedoso” que un “Gobierno extranjero sancione de manera pública a una fiscal de otro país. ¿Qué efectos reales generará eso?”, consideró el activista.

Sin embargo, Wer mencionó poco probable que Porras abandone el cargo que asumió en mayo de 2018, designada por el expresidente Jimmy Morales.

Lo que sí es claro, agregó que esa “nueva evidencia” de que se le cierran más las puertas a la fiscal en cuanto a apoyos. Ahora el foco se mueve hacia Giammattei y al sector privado organizado.

Por su parte, el exjefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Iván Velásquez calificó como “una vergüenza” la inclusión de Porras en la lista de actores corruptos de EE. UU. E instó a “exigir contundentemente su renuncia inmediata”.

También la diputada de Winaq, Sonia Gutiérrez, y la premio Nobel, Rigoberta Menchú, se pronunciaron sobre la renuncia de la fiscal general debido a la imagen que genera al MP.

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