El periodista guatemalteco José Rubén Zamora Marroquín cumplió este lunes 800 días en prisión, sin que se haya celebrado un juicio ni se haya emitido una condena definitiva.
Su hijo, José Carlos Zamora, denunció que su padre permanece detenido “arbitrariamente por hacer periodismo y denunciar la corrupción”. La familia y diversos organismos exigen que se respete el principio de inocencia y su liberación inmediata.
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>> Mi papá, el periodista #JoseRubénZamora lleva 𝟴𝟬𝟬 𝗱í𝗮𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗮𝗿𝗯𝗶𝘁𝗿𝗮𝗿𝗶𝗮𝗺𝗲𝗻𝘁𝗲 por hacer periodismo y denunciar corrupción. Exigimos se respete el principio de inocencia y su liberación inmediata. @OJGuatemala @BArevalodeLeon @CIDH @RELE_CIDH… pic.twitter.com/CE0ir7FqOq
— 𝙟𝙤𝙨𝙚 𝙯𝙖𝙢𝙤𝙧𝙖 (@jczamora) October 7, 2024
Detención y señalamientos contra Zamora Marroquín
Zamora Marroquín, de 66 años, fue arrestado el 29 de julio de 2022 bajo el Gobierno de Alejandro Giammattei, solo cinco días después de publicar fuertes críticas contra el presidente y su entorno. En su editorial en El Periódico, catalogó a Giammattei y a su pareja sentimental, Miguel Martínez, como “La Fábula del Ogro y el Principito que lo quería todo”. Ambos han sido sancionados por Estados Unidos por corrupción, aunque han negado las acusaciones.
Acusaciones de lavado de dinero y obstrucción a la justicia
El periodista ha enfrentado acusaciones de lavado de dinero y obstrucción a la justicia en varios casos. Aunque en uno de los casos se llevó a cabo un debate oral y público, el proceso lo anularon por irregularidades. En agosto, le otorgaron arresto domiciliario en uno de los casos, pero permanece en prisión preventiva por otros dos procesos judiciales. Diversos organismos internacionales han catalogado las acusaciones en su contra como espurias.
Persecución judicial y falta de defensa adecuada
Según expertos, el proceso judicial de Zamora Marroquín ha estado parcializado. Ha tenido que cambiar de abogado defensor en al menos cuatro ocasiones debido a la persecución que también han enfrentado sus abogados por parte del Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula también está sancionada por Estados Unidos.
La próxima revisión de su caso está programada para el segundo semestre de 2025, lo que deja al periodista sin posibilidad de libertad inmediata.
