El periodista José Rubén Zamora Marroquín salió del cuartel militar de Marisca Zavala tras permanecer 813 días detenido en medio de un proceso judicial plagado de irregularidades. Y, de que un juez le concediera el viernes la medida de arresto domiciliario.
“Siento una mezcla de cosas: alegría y tranquilidad”, declaró Zamora Marroquín a decenas de periodistas tras cruzar a las 17.36 horas el portón de la cárcel.
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Zamora Marroquín estuvo en prisión desde el 29 de julio de 2022, cuando lo acusaron de supuesto lavado de dinero. Esto en un caso que presentó la Fiscalía apenas cinco días después de que el periodista acusara de actos de corrupción al entonces presidente Alejandro Giammattei.
“El Ministerio Público irá de nuevo detrás de mí y yo los esperaré en mi casa. Y, si me toca volver a prisión vendré con tranquilidad porque los casos carecen de sustento”. Así añadió a las afueras de la prisión el fundador del extinto diario El Periódico.
Alegría por José Rubén Zamora
Familiares del periodista acudieron a la prisión para recibir a su salida a Zamora Marroquín, de 67 años. El juez otorgó el viernes el arresto domiciliario por considerar que se excedió el tiempo de prisión preventiva en su contra. Además, por respeto a sus derechos humanos.
La defensa de Zamora Marroquín logró acreditar que no existe peligro de fuga ni de obstrucción a la justicia. Por lo tanto, juez Erik García accedió a enviar al periodista a su casa bajo arraigo.
A Zamora Marroquín lo reconocen a nivel internacional por una trayectoria de más de tres décadas de denuncias de corrupción estatal. Esto en seis administraciones presidenciales del país.
En 2024, el periodista fue reconocido como el premio Gabo a la excelencia y durante su encarcelamiento fue respaldado abiertamente por los gobiernos de países como Estados Unidos y España.
Después de su liberación, Zamora Marroquín debe continuar enfrentando procesos penales, un juicio por lavado de dinero y etapa intermedia por los delitos de alteración de documentos migratorios y obstrucción a la justicia.
Entre 2018 y 2024, más de 50 personas, entre periodistas, jueces, fiscales y activistas han alegado ser criminalizados y perseguidos por el sistema judicial del país.
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