En un giro reciente en la política guatemalteca, un juzgado ha otorgado libertad condicional a Marcela Blanco, excandidata a diputada del Movimiento Semilla y cercana al presidente electo Bernardo Arévalo de León.

Tras una extensa audiencia de más de 12 horas, la justicia decidió enfrentar a Blanco y cinco personas más a un proceso penal. Esto por supuesta usurpación y depredación de bienes en la Universidad de San Carlos.

Lee también: Madre de Marcela Blanco: “Mi hija está presa por expresar su opinión”

Detalles del Caso Judicial y la Decisión del Juzgado

El juez penal Víctor Cruz, quien presidió la audiencia, determinó la ausencia de “peligro de fuga”, otorgando así prisión domiciliaria a Blanco, quien pasó ocho días detenida. Los cargos adicionales de sedición y asociación ilícita, propuestos por la Fiscalía, fueron descartados por el juez, argumentando insuficiencia en la argumentación legal presentada por el ente investigador.

Vinculación con el Presidente Electo y Repercusiones Políticas

Esta situación adquiere una dimensión política significativa debido a la vinculación de Blanco con el presidente electo, Arévalo de León. La Fiscalía, bajo la dirección de Consuelo Porras Argueta, ha extendido la controversia al solicitar la eliminación de la inmunidad de Arévalo de León y su vicepresidenta, Karin Herrera, en relación con este caso. Arévalo de León ha denunciado estas acciones como parte de un “golpe de Estado” para impedir su toma de posesión el 14 de enero.

Reacciones Internacionales y Críticas

El caso ha atraído la atención y crítica de varios actores internacionales, incluyendo la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de los Estados Unidos. Estas entidades han expresado preocupación por lo que consideran intentos de socavar la voluntad popular manifestada en las urnas.

Situación Actual y Próximos Pasos

Mientras Blanco enfrenta ahora el proceso penal en libertad condicional, el escenario político en Guatemala se mantiene tenso y expectante. Los próximos pasos en este caso podrían tener implicaciones significativas. No solo para los involucrados directos, sino también para la estabilidad política y la justicia en el país centroamericano.