El juez Fredy Orellana, del Juzgado Séptimo Penal, ordenó la cancelación del partido Movimiento Semilla, tras una solicitud del Ministerio Público (MP) que acusa a la agrupación de irregularidades en su creación y financiamiento.

La resolución se basa en los siguientes señalamientos:

  • Uso de datos falsos durante el proceso de inscripción del partido.
  • Presunto uso de fondos no permitidos durante la campaña electoral en las elecciones pasadas.

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Argumentos y acusaciones

En la argumentación, el juez incluyó información presentada por Ligia Hernández, exdirectora del Instituto de la Víctima, quien recientemente aceptó cargos relacionados con el caso y colaboró con la investigación del MP.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) será notificado para proceder con la cancelación oficial del partido, mientras que el Congreso de la República deberá tomar las acciones correspondientes en su seno.

Modificación reciente a la Ley Contra la Delincuencia Organizada

La decisión del juez llega apenas dos días después de que el Congreso modificara la Ley Contra la Delincuencia Organizada, limitando su aplicación para partidos políticos.

La reforma al artículo en cuestión establece que esta ley no es aplicable a:

  • Personas jurídicas de derecho público sujetas a normativa específica.
  • Organizaciones políticas, que solo pueden ser suspendidas o canceladas según la Ley Electoral y de Partidos Políticos.

Esto podría influir en los recursos legales que el Movimiento Semilla intente presentar contra la cancelación, ya que la resolución aún no está firme.

Contexto y próximos pasos

Aunque la resolución de Fredy Orellana está pendiente de confirmación, en las próximas horas se espera que:

  • El TSE reciba la notificación y proceda con la suspensión formal del partido.
  • El Congreso inicie el proceso para implementar los efectos de la cancelación en el órgano legislativo.

Posibilidad de impugnación

El Movimiento Semilla aún tiene la opción de presentar recursos legales para intentar revertir la decisión, argumentando que la modificación legal reciente podría invalidar la resolución del juez.