El juez de mayor riesgo Miguel Ángel Gálvez entregó este martes ante la Corte Suprema de Justicia un informe sobre las medidas cautelares de protección, que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ratificó a su favor este año.

Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo “B”, del organismo judicial guatemalteco, se presentó en la Corte Suprema de Justicia, donde entregó la documentación para que la trasladaran a los 13 magistrados titulares de la entidad.

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El juez espera que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia le otorguen seguridad a él y a su familia.

El informe presentado por Gálvez indica que la CorteIDH constató en 2022 que existen graves injerencias sistemáticas contra la independencia judicial del país centroamericano.

Según la ratificación de dichas medidas cautelares de la CorteIDH emitidas este año, el juez se encuentra en riesgo.

Juez Miguel Ángel Gálvez

Gálvez, de 64 años, se encuentra en un proceso de antejuicio donde se decidirá si pierde su inmunidad y si debe enfrentar a la Justicia.

Al juez lo acusó la organización de extrema derecha denominada Fundación Contra el Terrorismo de ordenar “detenciones ilegales” contra militares retirados, acusados de crímenes de guerra.

Los militares que Gálvez envió a juicio son 10 exmiembros del Ejército de Guatemala y de la Policía, implicados en el caso conocido como “Diario Militar” y acusados del asesinato y desapareción de 183 personas, durante el conflicto armado interno (1960-1996).

La resolución de la CorteIDH, en la que se ampara el juez, asegura que el sistema de justicia guatemalteco está siendo utilizado para crear casos espurios contra jueces y fiscales.

La primera vez que la CorteIDH pidió al Estado de Guatemala garantizar la seguridad del juez Gálvez por amenazas a su integridad fue en 2016.

Gálvez tiene 30 años de carrera judicial y estuvo a cargo de imputar por corrupción al expresidente guatemalteco Otto Pérez Molina en 2015.

En marzo de 2022, la jueza de mayor riesgo Erika Aifán salió al exilio. Esto debido a una persecución penal en su contra dirigida por un grupo de magistrados.

Aifán, al igual que Gálvez, tenía a su cargo procesos penales contra funcionarios públicos acusados de corrupción.

En una de sus resoluciones, la CorteIDH exige al Estado de Guatemala garantizar la independencia de los jueces que dirigen procesos de alto impacto. [Foto de portada por Alianza por las Reformas]