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Jueza Sierra de Stalling ligada y enviada a prisión

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Guatemala – El juez Undécimo de Instancia Penal, José Eduardo Cojulún, tras analizar los argumentos de las partes involucradas en el caso de la jueza Marta Sierra de Stalling resolvió ligarla a proceso por la posible comisión de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Además dictó prisión preventiva y arraigo específicamente por el delito de cohecho pasivo, más una fianza de Q200 mil por el delito de prevaricato.

El juez declaró sin lugar un recurso de reposición presentado por el abogado defensor de Sierra de Stalling con el que pretendía que el juez se retractara.  

ANTECEDENTES
Jueza Marta Josefina Sierra González de Stalling: Sindicada de los delitos de cohecho pasivo y prevaricato. Capturada en su oficina.

Se presume que pudo llegar a acuerdos ilegales con seis sindicados de la red de defraudación aduanera “la línea”, a quienes habría beneficiado con fianzas para salir en libertad. El 16 de abril de 2015, fecha de las capturas de los integrantes de dicha red, la jueza Sierra de Stalling convocó con inusitada premura a los fiscales del caso anunciándoles que esa misma tarde daría inicio a la audiencia de primera declaración, y que era su propósito concluirla en esa misma fecha. La magnitud del operativo frustró la aspiración de la jueza, quien tuvo que reprogramarla para el día siguiente.

La diligencia finalizó el lunes 21 de abril en horas de la madrugada. La jueza decidió ligar a proceso a los veintidós sindicados, sin embargo sólo envió a prisión preventiva a dieciséis de ellos, mientras que a Francisco Javier Ortiz Arriaga (alias teniente Jerez), Miguel Ángel Lemus Aldana, Salvador Estuardo González Álvarez alias “eco”, Mónica Jáuregui, Carlos Icxtuc Cuc y José Rolando Gil Monterroso les otorgó arresto domiciliario sin vigilancia, entre otras medidas sustitutivas. La jueza Sierra de Stalling no explicó por qué motivos consideró que la situación de esas seis personas difería del resto de los sindicados, ni especificó las razones para otorgar las fianzas.

El mismo día de los operativos la jueza habría negociado la medida sustitutiva con al menos tres de los sindicados. Se estableció a través de interceptaciones telefónicas que la decisión favorable a los intereses de Francisco Javier Ortiz Arriaga, Miguel Ángel Lemus Aldana y Salvador Estuardo González Álvarez, pudo responder a una negociación ilegal entre éstos y la jueza Sierra de Stalling, gestionada por Luis Alberto Mendizábal Barrutía (prófugo) y personas cercanas a él, a cambio de dinero. Esto dentro del caso “bufete de la impunidad”, una estructura criminal integrada por abogados que operaban en el sistema de justicia ofreciendo a sus usuarios servicios ilegales, con la promesa de utilizar todas sus influencias y conexiones con funcionarios judiciales para garantizar resultados favorables a cambio de una prestación económica.

Por el caso del bufete se encuentran ligados a proceso varios abogados, además del hijo de la jueza, Roberto Stalling Sierra, en prisión preventiva.

 

Vía: CICIG

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Suspenden ofrecimiento de prueba en caso Chicamán

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Para este martes se tenía previsto llevar a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba la cual se discutirá en el Tribunal de Mayor Riesgo A, con las cuales tanto el Ministerio Público busca acusar a 12 personas sindicadas de fraude y otros delitos, por supuestamente haber generado contratos fraudulentos en la municipalidad de Chicamán, Quiché.

Sin embargo, por cuestiones de agenda y por realizar la audiencia intermedia del caso Caja de Pandora, dicha diligencia no se pudo realizar por parte de la juez de mayor riesgo D, Erika Aifán.

Por lo tanto el ofrecimiento se ha trasladado para el próximo 18 de diciembre, en el que implicados como Emilenne Mazariegos, Roberto Candelario Gamarro y otras 10 personas escucharan que pruebas presentará el ministerio público así como las pruebas que sus abogados defensores entregaran para entrar al juicio.

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Juez Domínguez autoriza a abogados vigilar diligencias

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Previo a entrar al período de descanso, la juez de Mayor Riesgo A, Claudette Dominguez, autorizo para que los abogados de los 5 implicados en el caso Infiernito a quienes el ministerio público señala de los delitos de ejecución extra judicial y tortura, puedan participar de las diligencias de investigación que el ministerio público aún realiza en el caso, para lo cual se le dio un plazo de 3 meses.

Según se dio a conocer, dicha notificación se entregó la semana pasada a todas las partes, en la cual se concede el permiso para que puedan estar presentes en allanamientos o entrevistas, situación que fue impugnada por el ministerio público.

De acuerdo al jefe de la fiscalía especial contra la impunidad, Juan Francisco Sandoval, dicha autorización podría no solo vulnerar la investigación si no en algún momento a las víctimas que podrían ser revictimizadas.

Por tal situación se presentó un recurso para tratar de revertir el proceso, mismo que no se ha resuelto sino hasta que regrese la juzgadora de vacaciones.

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Moises Galindo pretende recusar otra vez a Aifán

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Foto: Diario de Centroamérica

Previo a continuar con la audiencia de etapa intermedia en la cual el ministerio público ha pedido que los 13 implicados dentro el caso Caja de Pandora sean enviados a juicio, el abogado Moisés Galindo presentó por segunda vez una recusación en contra de la juez de mayo riesgo D, Erika Aifán.

El abogado, vinculado al caso, aseguró nuevamente que la juez no podía seguir conociendo su caso dado que el pasado sábado, Aifán participó en un foro anti corrupción donde compartió panel con el fiscal especial contra la impunidad Juan Francisco Sandoval y por tal motivo ha buscado separar a la juzgadora.

Sin embargo, este martes, fueron notificados de la decisión de Aifán, la cual nuevamente fue la de rechazar la recusación por considerarla espuria e improcedente y por tal situación no se aceptó el alegato del abogado.

La semana pasada, también le fue rechazada otra recusación porque Galindo afirmó que la imparcialidad de Aifán estaba comprometida por haber participado en un foro donde también se encontraba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

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