La Organización de Estados Americanos -OEA- culminó este martes una evaluación sobre la crisis política que vive Guatemala. Esto tras cinco días de reuniones con varios sectores de la sociedad civil; pero también en medio de un amplio rechazo de otros actores protagonistas del país.

La misión, dirigida por el político y exdiputado argentino Fulvio Pompeo, abandonará Guatemala este miércoles después de arribar al país el pasado 27 de noviembre y entablar una agenda “lo más inclusive posible”, según confirmó a la Agencia Efe una fuente dentro de la OEA que prefirió no identificarse.

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Pompeo y la misión internacional se reunieron en cinco días con diversas autoridades gubernamentales; diputados de oposición, periodistas, entidades de derechos humanos, dirigentes indígenas y también de extrema derecha para escuchar sus impresiones sobre la crisis política que agobia al país.

Sin embargo, la visita de la delegación de la OEA estuvo marcada por el rechazo de diversos sectores a reunirse con Pompeo y su misión. Principalmente porque consideraron equivocada la decisión del presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, de solicitar auxilio internacional a la OEA.

El vicepresidente guatemalteco, Guillermo Castillo, fue el primero en declinar un encuentro con la misión de la OEA. Posteriormente se sumaron con la misma decisión la líder indígena Rigoberta Menchu, ganadora del premio Nobel de la Paz en 1992; y la fundación Myrna Mack, una organización social que lucha en contra de la impunidad y la corrupción.

Castillo calificó la decisión de Giammattei de “precipitada” y le recomendó a la misión de la OEA reunirse “con distintos sectores que seguro tendrán mucho que comentarle”. Mientras que Menchú calificó de “extraña” y “fuera de contexto” el pedido del presidente para la intervención del organismo regional.

Solicitud de Alejandro Giammattei

La decisión por parte de la OEA de enviar una misión a Guatemala llegó después de que el presidente Giammattei solicitara su auxilio el domingo 22 de noviembre. “Al invocar la Carta Democrática Interamericana” ante “los gravísimos sucesos ocurridos en los últimos días” en el país, según un comunicado divulgado ese día.

Giammattei solicitó la intervención internacional tras los acontecimientos del 21 de noviembre cuando cientos de manifestantes encapuchados quemaron parcialmente las instalaciones del Congreso y otros 10 mil se manifestaron en su contra frente al Palacio Nacional de la Cultura, sede del Gobierno.

Las protestas, que desde entonces se han mantenido con cierta constancia, nacieron luego de que el Congreso, donde Giammattei tiene mayoría; aprobara el miércoles 18 de noviembre un polémico presupuesto del Estado para 2021, avalado de madrugada y de manera “opaca” según diputados de oposición.

La crisis se había agravado el 20 de noviembre, cuando el vicepresidente Castillo instó en rueda de prensa a Giammattei a que renunciaran en conjunto para “oxigenar” el país.

Se prevé que la misión emita un comunicado o rueda de prensa como parte del final de su misión en el país tras su estancia.

Pedido de renuncia

La misión de la OEA sostuvo uno de sus encuentros este martes con varias autoridades indígenas xinka, maya ixil y garífuna; quienes le pidieron a Pompeo que asesore a Giammattei “para que presente su renuncia” por “el bien de la institucionalidad de este país”. Así también la dimisión de la junta directiva del Congreso, de acuerdo con una carta abierta dirigida al ente regional.

Las autoridades indígenas también instaron a Pompeo a que “investigue las graves violaciones de derechos humanos y cierre de los espacios democráticos que está consolidando el Gobierno del ‘pacto de corruptos’, encabezado por el señor Alejandro Giammattei, la junta directiva del Congreso, los diputados que votaron por el presupuesto 2021, varios magistrados de la Corte Suprema de Justicia y (otros) magistrados de salas”.

Además, consideraron que las manifestaciones registradas desde el pasado 21 de noviembre en Guatemala no han sido únicamente contra “el presupuesto (que originó las manifestaciones), sino que (se deben a) una indignación acumulada”.

Reunión con la PDH

El lunes, la misión se había reunido con el procurador de los derechos humanos guatemalteco, Jordán Rodas, quien le advirtió a los representantes de la OEA que en el país existe actualmente una “profunda crisis de gobernabilidad”.

Rodas además descartó que en Guatemala exista un “golpe de Estado” como lo sugirió Giammattei el 22 de noviembre al invocar la Carta Democrática Interamericana de la OEA.

El ombudsman aseguró a Efe que para él era “muy importante que la delegación que dirige Pompeo de la OEA se diera cuenta que dentro del Estado hay versiones distintas de las del presidente Giammattei. Yo soy parte del Estado”.

Rodas comentó que durante la reunión con Pompeo “él básicamente nos escuchó. Considero que eso es importante y espero que el informe que rinda en Washington sea objetivo, que refleje la realidad del país. Sería muy triste seguirle el juego al presidente, (quien dice) que hay un golpe de Estado”.

Reunión con diputados

La misión a cargo de Pompeo sostuvo este martes, como una de sus últimas reuniones en Guatemala, un encuentro con algunas de las bancadas del Congreso. Además, se reunió con miembros con la misma junta directiva del Parlamento que avaló el polémico presupuesto del Estado para 2021.

La Carta Democrática Interamericana invocada por Giammattei y que dio paso a la visita de la misión de la OEA es un instrumento jurídico aprobado en 2001 que busca preservar “la institucionalidad democrática” en el continente mediante la organización continental.

En su artículo 20, la carta establece que el secretario general o cualquier Estado miembro de la OEA puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente de la entidad cuando en un país miembro “se produzca una alteración del orden constitucional que afecte gravemente su orden democrático”.

En tal caso, la OEA analiza si hay “alteración” del orden público y a partir de ese momento puede realizar distintas gestiones diplomáticas en busca del diálogo y la conservación de la democracia. De fracasar las gestiones, la entidad regional entonces puede decidir suspender a un miembro o tomar otras medidas.

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