El Consejo de la Unión Europea (UE) renovó hasta el 13 de enero de 2027 las medidas restrictivas selectivas contra ocho guatemaltecos y una entidad. La UE los señala por socavar la democracia, el Estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en el país.

La resolución establece restricciones de viaje. Estas impiden ingresar o transitar por los Estados miembros de la UE. Además, el comunicado indica que inmovilizan bienes. También prohíben que ciudadanos y empresas de la UE pongan fondos a su disposición, de forma directa o indirecta.

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Los sancionados son María Consuelo Porras Argueta, Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP); Ángel Arnoldo Pineda Ávila, secretario general del MP; José Rafael Curruchiche Cucul, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad; y Leonor Morales Lazo, fiscal de la FECI. La lista incluye a los jueces Fredy Orellana y Jimi Bremer, así como a Ricardo Méndez Ruiz y Raúl Falla Ovalle, de la Fundación Contra el Terrorismo.

“Estas sanciones selectivas afectan únicamente a los responsables de acciones que socavan la democracia, el Estado de derecho o la transferencia pacífica del poder en Guatemala. También alcanzan a quienes participan, apoyan o se benefician de ellas. No constituyen sanciones contra Guatemala, su población o su economía”, agrega el documento.

La UE emitió la sanción en 2024. Señaló entonces a estas personas por intentar impedir la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo.