El Departamento de Estado de Estados Unidos presentó este miércoles una actualización de la Lista de Actores Corruptos y Antidemocráticos de la región centroamericana (Lista Engel), en donde incluye a 10 funcionarios y exfuncionarios guatemaltecos y a otros más de El Salvador, Honduras y Nicaragua.

Según se indica en el nuevo informe, las personas que se incorporan a esta lista es porque, a consideración del departamento, estos han actuado con pleno conocimiento de socavar procesos o instituciones democráticas, situación con la cual ya anteriormente han incluido en dicho listado a la Fiscal General, Consuelo Porras, al jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, a los miembros de la Fundación Contra el Terrorismo, Raúl Falla y Ricardo Méndez Ruiz, a los exgobernantes, Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, entre otros.

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Guatemaltecos sancionados

Para esta nueva actualización, el departamento incluye a jueces, fiscales y hasta un sindicalista, a quienes se les señala de amedrentar y cometer actos fuera de la ley, siendo estos:

  1. Cinthia Edelmira Monterroso, fiscal de la Fiscalía Especial Contra la impunidad
  2. Edgar Humberto Navarro, expresidente de la Administración del Mercado Mayorista de Energía
  3. Fredy Raúl Orellana, Juez A del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal
  4. Gendri Rocael Reyes, exministro de Gobernación
  5. Joviel Acevedo Ayala, líder del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala
  6. Jimi Rodolfo Bremer, Juez B del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal
  7. Lesther Castellanos Rodas, juez y actual presidente de los relatores contra la tortura
  8. Melvin Quijivix Vega, presidente del Instituto Nacional de Electrificación
  9. Omar Barrios Osorio, presidente de la Comisión Nacional Portuaria
  10. Walter Mazariegos Biols, rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala

De acuerdo con la designación de la sección 353, de la autoridad que el presidente de Estados Unidos delegó al secretario de Estado, se asegura que las personas extranjeras identificadas en el informe presentado al Congreso, generalmente no son elegibles para que se les otorgue visa y admisión a dicho país, por lo que cualquier visa actual será revocada inmediatamente y cualquier otra visa válida o documentación de entrada será cancelada.