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Los Mineros capturados por secuestro de empresario

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Este día fue desarticulada la estructura criminal “Los Mineros”, como resultado de un operativo táctico policial denominado “Cerro Quetzal”, realizado por la Fuerza de Tarea Antisecuestros y el Comando Antisecuestros de la SGIC, en coordinación con fiscales del Ministerio Público, en cuatro allanamientos realizados en Concepción Las Minas, Chiquimula.

Según dieron a conocer los investigadores, este grupo criminal es responsable de la planificación, coordinación y ejecución del plagio o secuestro en contra de un empresario de Chiquimula.

Los detenidos son José Amílcar Rojas Magaña, de 31 años, presunto líder y negociador de la estructura criminal, Marco Tulio de Jesús Trigueros Ramos, de 49, coordinador operativo e interceptor, Gustavo de Jesús Sagastume, de 25 años, quien se desempeña como cuidador y Suchite García, de 40 años, bandera del grupo.

Mientras que el pasado 31 de marzo fueron capturados los hermanos Manuel de Jesús de 35 años y Miguel Ángel Cruz García, de 28.

Las capturas se realizaron en seguimiento a la investigación por el secuestro de un empresario y por quien exigían por su liberación Q.6 millones, llegando a un acuerdo de pago de Q.18,375, el día 30 de marzo de este año.

posterior a la ejecución del secuestro y liberación de la víctima, los victimarios exigen un pago de Q 300 mil, para continuar respetando su vida e integridad física tanto de la víctima como de sus familiares; el dinero debía ser entregada el 31 de marzo en la sobre la 5ª avenida y 10ª calle “A” de la zona 1 de Esquipulas, por lo que se establece una operación encubierta y se captura a dos de sus integrantes, quienes son reconocidos plenamente por la víctima, además de evidencia como telefonía celular utilizada para el secuestro.

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Implicados en el Caso Registro Botín de la Propiedad son ligados a proceso

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Guatemala (MP) – El Ministerio Público por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad y en coordinación con la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, -CICIG-, logró durante la audiencia de primera declaración que Carlos Gilberto Solórzano Morales y Joni José Valenzuela Mejía, fueran ligados a proceso penal en el caso denominado “El Estado como Botín” Registro General de la Propiedad.

La diligencia fue realizada en el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal, donde el Juez Carlos Rafael Toledo Cruz, decidió procesarlos a los delitos de peculado por sustracción y falsedad ideológica en forma continuada y los envió a prisión preventiva.

Durante la imputación de hechos la Fiscalía detalló que Valenzuela Mejía figuraba como trabajador del Registro General de la Propiedad durante los años 2012 al 2014 pero nunca se había presentado a su puesto.

En la documentación que cuenta el MP se detalla que Valenzuela Mejía tenía un contrato 029 por servicios técnicos prestados en el Registro de la Propiedad, de igual manera Solórzano Morales.

La investigación inicio con la denuncia del sindicato del Registro General de la Propiedad quienes manifestaron que dentro de la institución existían plazas fantasmas y de esta manera la Fiscalía inició la investigación y determina la contratación anómala de 17 personas.

Dicho personal fue propuesto por la ex Registradora General Gladys Anabella de León, quien también guarda prisión por este caso.

El Fiscal del caso durante la intervención también resaltó que ambos sindicados fueron aprehendidos durante un allanamiento realizado en la mansión del ex candidato presidencial Manuel Baldizón, ubicada en Santa Elena Barrillas, Villa Canales.

Fue en ese momento cuando se determinó que ambos sindicados tenían en su contra una orden de captura en el caso Plazas Fantasma.

Asimismo, dejó entre ver que durante un allanamiento realizado en la casa de Carlos Solórzano fue encontrado el título universitario y original de Manuel Baldizón.

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Decretan arraigo contra Diputado Roberto Villate

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Guatemala – El Ministerio Público confirma que el Juzgado de Primera Instancia Penal de Diligencias Urgentes, decretó medida precautoria de arraigo en contra del diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro; luego de solicitud del Ministerio Público. Según el Ministerio Público esto, para garantizar su presencia en el país mientras la Fiscalía de Delitos Electorales realiza la investigación dentro del expediente por posible financiamiento electoral ilícito de la organización política Lider.

Antecedentes

La agrupación LÍDER tuvo gastos de campaña electoral de, por lo menos
Q.71,633,650.12 y gastos de propaganda anticipada estimados en Q.12,206, 546.61, para un total de Q.83,840,196.76. Con ello, sobrepasó el techo de campaña establecido por el TSE para este partido en Q 52,406,662.73.

De la información recabada se desprende que LIDER recibió al menos Q.21,777,227.72 que no reportó al TSE ni registró en su contabilidad, constituyendo financiamiento electoral anónimo. Ello concuerda con los hallazgos reportados por la CICIG, que reflejan pagos por publicidad electoral y del partido, canalizados  a través de terceras personas jurídicas.

Igualmente, se han conocido pagos entre junio 2014 y mayo 2015 de por lo menos
Q.3,518,065.04 a diferentes medios por publicidad electoral por medio de terceras entidades, tales como Asociación de Amigos de Guatemala, Transacciones Monetarias Unidas, Fundación Travelone Kids, Acción Públicidad y Global Publicity Solutions, que no fueron reportadas al TSE.

Se debe indicar que al entonces Secretario General del Partido Líder, diputado Roberto Ricardo Villate Villatoro, le fueron comunicadas por la Auditoría Electoral las incongruencias en los gastos de campaña, las cuales nunca fueron esclarecidas. Esta omisión se considera dirigida a ocultar la verdadera identidad de los financistas de la organización política.

Por estos hechos se ha solicitado levantar el antejuicio al ex Secretario General del partido Líder y actual diputado del Congreso de la República, Roberto Ricardo Villate Villatoro.

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#CasoTransurbano – Analistas y Netcenters en su contra dice Sandra Torres

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Guatemala – En un comunicado de prensa que publicó este domingo en su cuenta de Twitter, Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza dijo que rechaza “enfático y rotundo a la campaña de desinformación y acoso” de “analistas y netcenters” que según ella buscan vincularla “a toda costa al Caso Transurbano”.

Ademas hizo mención que la Fiscal Thelma Aldana y el Comisionado Iván Velasquez han hecho público que ella no tiene alguna vinculación al caso; así también menciona que ella reconoce “el imperio de la justicia, a la cual he apoyado de manera irrestricta y por el bien de la lucha contra la corrupción y la impunidad”.

Sin embargo luego de su publicación, inmediatamente varios usuarios de la cuenta Twitter le recordaron el tuit que habría borrado donde ella menciona que es la gestora del proyecto Transurbano

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