El Juzgado de Mayor Riesgo A ligó este miércoles a proceso penal a María Marta Castañeda, señalada por el ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, como pareja de Aldo Duppie Ochoa, alias El Lobo, líder de la pandilla Barrio 18. La sindicada enfrentará proceso por su presunta participación en el segundo atentado contra la fiscal Miriam Reguero.
De acuerdo con el Ministerio Público (MP), a Castañeda la ligaron a proceso por los delitos de asesinato, asesinato en grado de tentativa y asociación ilícita, al igual que Melvin S., presunto integrante de la misma estructura criminal.
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#AhoraLH | El Juzgado de Mayor Riesgo A liga a proceso penal a María Marta Castañeda Torres por su vinculación al segundo ataque armado contra la fiscal Miriam Reguero.
Según el Ministerio Público, Castañeda Torres fue ligada por los delitos de asociación, asesinato y asesinato… pic.twitter.com/2Rf2tNL5gW
— Diario La Hora (@lahoragt) October 8, 2025
Cinco personas enviadas a prisión preventiva
La jueza Claudette Domínguez también resolvió ligar a proceso penal a tres pandilleros más, quienes deberán continuar siendo investigados por asociación ilícita.
Según el MP, los cinco procesados pertenecen a una estructura criminal dedicada al sicariato.
La juzgadora ordenó su prisión preventiva y otorgó un plazo de tres meses al Ministerio Público para finalizar la investigación.
#Actualidad | Finalizada la audiencia, María Marta Castañeda Torres afirmó que no podía dar declaraciones porque el caso continúa en reserva judicial. Los sindicados fueron enviados a prisión preventiva. La jueza dio tres meses de investigación al MP.
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— eP investiga (@eP_investiga) October 8, 2025
Antecedentes del caso
Debido a que la carpeta judicial está bajo reserva, aún no se conocen los detalles específicos sobre la participación de Castañeda.
El atentado ocurrió el 27 de marzo de 2024, a las afueras del Hospital General del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), en la zona 9 capitalina, donde fallecieron la madre de la fiscal Reguero y un guardia de seguridad asignado a ella.
Se prevé que en febrero de 2026 se discuta si los sindicados deberán enfrentar juicio oral y público por estos hechos.
