Más de 200 organizaciones sociales de Guatemala exigieron este jueves detener una polémica reforma a la Ley de Oenegés. La normativa la avaló el pasado miércoles la Corte de Constitucionalidad -CC- al considerar que la norma restringe la libertad de asociación.
La Coordinadora de ONG y Cooperativas (Congcoop), el Comité de Unidad Campesina (CUC) o la Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (Udefegua), demandaron “detener esta reforma”. Los integrantes también rechazaron todos los intentos del actual Gobierno por restringir derechos. En su pronunciamiento conjunto le recordaron a la CC “su rol de proteger los derechos constitucionales de la población”. Dijeron además que implica no favorecer a quienes les colocaron en la magistratura. Y añadieron que la reforma “concede al Ejecutivo un poder casi absoluto de decidir quiénes sí y quiénes no pueden expresarse y organizarse”, lamentaron. Así como “atenta, parcialmente, contra los derechos de toda la población guatemalteca”.
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Además, enfatizaron que la normativa “obstaculiza la libertad fundamental de toda persona para participar en asuntos públicos”. Asimismo “elevar la voz, exigir cuentas y sumar esfuerzos para brindar servicios que atiendan las necesidades de la población”.
La reforma a la Ley de oenegés “permitirá cerrar entidades sin decisión de un tribunal y abre la puerta a arbitrariedades y eliminando la independencia de poderes”, alegaron.
Es un retroceso antidemocrático, es volver a etapas que el país ya había superado, dice Helmer Velásquez, de CONGCOOP, sobre las reformas a la Ley de ONG, que entrará en vigencia próximamente, luego de que la CC denegara en definitiva amparos interpuestos en contra de la misma. pic.twitter.com/6pN1OhhcuD
— PrensaComunitaria (@PrensaComunitar) May 13, 2021
Revocación de fallo original de la Ley
El miércoles la Corte de Constitucionalidad contradijo su propia resolución del año pasado, cuando suspendió de forma provisional la Ley. El Congreso la aprobó y luego la sancionó el presidente, Alejandro Giammatte.
Casi todos los magistrados titulares que componían la entidad en aquel momento no fueron reelectos en sus cargos en abril pasado. En cambio, la decisión de admitir la ley se conoció el pasado miércoles con el voto de tres nuevos magistrados. Entre ellos el excandidato a vicepresidente del país Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Leyla Lemus Arriaga.
Las reformas a la “Ley de Organizaciones No Gubernamentales”, fueron impugnadas en su momento por organizaciones sociales locales, altas autoridades de Estados Unidos y de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos en febrero de 2020, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma de ley mediante sus redes sociales.
Según Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las organizaciones no gubernamentales, que “juegan un papel clave” en la construcción de las diversas democracias.
Una opinión parecida manifestó el 26 de febrero de 2020 el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que instó al presidente guatemalteco, Alejandro Giammattei, a vetar la ley, de modo que la “sociedad civil pueda operar sin miedo” a castigos.
#AHORA / Los pueblos, resistencias, Organizaciones "Nos oponemos rotundamente al Control total y al somentimiento de las reformas de organizaciones social.
— crfger (@crfger) May 13, 2021
Se ecuentran presente. https://t.co/otapfRWA5o
Cambios arbitrarios
La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la ONU en Guatemala también había advertido en 2020 sus reservas con respecto a la nueva normativa.
La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en 2019, Michelle Bachelet, manifestó ese año su preocupación por la ley. Específicamente porque introduce “requisitos y controles administrativos aplicables a ONG nacionales e internacionales”. Según dijo “en la práctica pueden usarse de manera discrecional o arbitraria para limitar” su labor.
El origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios diputados de la anterior legislatura de contrarrestar la lucha anticorrupción. En referencia a lo que emprendió desde el 2015 el Ministerio Público –MP– y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -Cicig-.
.@jorgesantos15, Coordinador General de la @UDEFEGUA, se expresa ante el accionar de la Corte de Constitucionalidad ⚖️#LeyMordaza @crfger 📻▶️ https://t.co/qNSqUy01lX pic.twitter.com/7sG1tTIxZE
— UDEFEGUA (@UDEFEGUA) May 14, 2021
