La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para las elecciones en Guatemala expresó su profunda preocupación por las acciones que tomó el Ministerio Público (MP), al allanar el Centro de Operaciones del Proceso Electoral (COPE), donde se resguarda el material electoral y el Registro de Ciudadanos.
La MOE/OEA indicó en un comunicado de prensa que toma nota de que el artículo 243 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos (LEPP), que es de rango constitucional, establece que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y las Juntas Electorales Departamentales (JED) son los únicos órganos competentes para verificar y calificar la documentación electoral.
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Por lo que la apertura de paquetes electorales por parte de personas e instituciones distintas a las señaladas por ley representa un ataque frontal a la integridad del voto y una afrenta a la voluntad popular.
“Estas acciones constituyen una prueba más de que el Ministerio Público, lejos de ajustar sus acciones a los estándares democráticos, viene agudizando una estrategia de cuestionamiento al proceso electoral y de intimidación a las autoridades electorales, al personal electoral y a los miles de personas que, con enorme compromiso cívico, llevaron adelante dos jornadas de votación pacíficas y transparentes”, dice el comunicado.
Añade: “la falta de oportunidad y de proporcionalidad de las acciones del MP y del juzgado penal que nuevamente lo autoriza, son evidencia de una instrumentalización política del aparato de persecución penal. Tal y como lo expresó ante el Consejo Permanente, la MOE considera que estas acciones pueden constituir conductas típicas de los delitos de prevaricato y abuso de autoridad”.
Cuestionar la voluntad del pueblo
La Misión indicó que cuestionar las elecciones ya celebradas es cuestionar la voluntad misma del pueblo de Guatemala, que el 20 de agosto se expresó de manera contundente en las urnas. El presidente electo, Bernardo Arévalo, y la vicepresidenta, Karin Herrera, han recibido sus credenciales por parte del TSE.
La Misión ha analizado los hallazgos sobre los que se basan las denuncias planteadas en torno a supuestas irregularidades en la primera y segunda vuelta electoral, y ha comprobado que carecen de sustento.
“No existe evidencia de que en la primera vuelta electoral se hayan alterado las copias amarillas de los Documentos Número 4, que se transmitieron desde los centros de votación y estuvieron a disposición para la descarga de los partidos políticos y de la ciudadanía. Casos muy aislados de errores en las actas en ambas rondas no llegaron a alterar el orden de las preferencias, ni mucho menos alcanzaron una magnitud que pudiera poner en duda una diferencia que, en la segunda vuelta, fue de más de 20 puntos porcentuales y casi 875 mil votos”, señala el comunicado.
