A través de un comunicado oficial, la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de los Estados Americanos (OEA) expresó su preocupación porque, a criterio de sus delegados, se continuó con la judicialización del proceso electoral a pocas horas de que se lleve a cabo la segunda ronda de votaciones. 

La delegación internacional de observación argumenta que la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), anunció acciones que persisten en judicializar el proceso electoral en Guatemala, esto al referirse al tema de supuestas firmas falsas y de ciudadanos cuyos documentos de identificación no existen, en el proceso de inscripción del partido Movimiento Semilla.

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Y es que el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche, anunció que luego del balotaje podrían solicitar órdenes de captura. Además, retiro de derecho de antejuicio para algunos integrantes de esa agrupación política. Sin embargo, hoy las acciones las encaminaron en contra de funcionarios del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Igualmente, la MOE/OEA recibió hoy información pública sobre la citación al encargado de informática del Tribunal Supremo Electoral (TSE) para llevar a cabo una diligencia de declaración de información testimonial ante la FECI. Las acciones y anuncios referidos preocupan a la MOE/OEA dada la necesidad de generar confianza en la ciudadanía guatemalteca para que acuda de forma masiva en las urnas y se garantice la paz pública”, detalla el documento.

Judicialización del proceso electoral

A decir de la OEA, las acciones de la Fiscalía interfieren con el natural transcurso del proceso electoral. Esto en perjuicio de una nación entera que quiere expresarse libremente en las urnas. La Misión hace un llamado a toda la sociedad guatemalteca y a los órganos del Estado a propiciar la estabilidad y tranquilidad de cara a las elecciones del domingo, resalta la MOE.

El pronunciamiento de la misión es divulgado días después de que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, presentara el informe sobre su visita a Guatemala, donde fue puntual al señalar que la judicialización lesiona el normal desarrollo del proceso electoral y debe evitarse, con el propósito de que sea la ciudadanía la que defina el futuro del país.