El Ministerio Público informó que entregó al Tribunal Supremo Electoral 1 mil 344 folios de documentación sobre supuestas irregularidades en el proceso electoral 2023, los cuales deben ser analizados por las autoridades electorales. 

La presidenta del TSE, Blanca Alfaro, dio a conocer que la documentación va dirigida a su persona; pero no permitió que se le tomaran fotografías.

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Según Alfaro, el MP en su nota indica que la entrega de los folios se hace para que se analicen y puedan adoptar la decisión que consideren conveniente de acuerdo a su mandato.

La magistrada presidenta informó de la nota enviada con el expediente en conferencia de prensa acompañada de los magistrados suplentes, y argumentó que el análisis de la información quedará en manos de las unidades técnicas, por lo que acordó con los directores de las distintas áreas que conocerán el caso que se sacará una hoja de ruta.

“A cada unidad a la que corresponda lo que ha enviado la Feci, lo analice y el TSE responda de manera responsable, desde las unidades técnicas. No compete precisamente al pleno, sino que son las unidades las que podrán verificar la veracidad de los documentos”, dijo Alfaro.

El MP dijo el pasado 8 de diciembre que hubo “anomalías” en las actas finales de cierre de escrutinio y que no las aprobó el pleno del TSE. Por lo que no debieron utilizarse para consignar los resultados de los comicios.

Señalamientos de la FECI

En los señalamientos, la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), asegura que las actas son nulas de pleno derecho y, por ende, deberían quedar anuladas las elecciones de presidente, vicepresidente, diputados, corporaciones municipales y diputados al Parlamento Centroamericano.

“Nuestro proceso electoral no es electrónico, no lo decide el TREP (Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares). Nuestro proceso electoral es de papel. Ustedes fueron a votar y nos dieron una boleta que ingresó en una urna, y las Juntas Receptoras de Votos contaron los votos”, añadió la presidenta del TSE.

Además, considera que la Corte de Constitucionalidad (CC) es clara, concreta y precisa de que lo que corresponde al TSE solo ellos lo pueden diligenciar.