La Fiscalía de Extinción de Dominio del Ministerio Público (MP) ordenó al Ejecutivo detener el pago de US$912 millones 298 mil 899, equivalentes a Q6 mil 976 millones 800 mil, a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops). La decisión busca evitar un posible daño al Estado. Esto se debe a irregularidades detectadas en un convenio para la compra de medicamentos.
El MP notificó la orden al presidente del Banco de Guatemala y a los ministros de Finanzas y Salud, quienes deberán acatar la medida. El Juzgado de Extinción de Dominio revisará la solicitud para confirmar su validez legal.
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Investigación por posibles anomalías
El monto corresponde al saldo pendiente del proyecto “Mejora del acceso a la salud por medio de alternativas para el aprovisionamiento de medicamentos, tecnología médica y otros insumos de la Red Pública de Salud”, financiado por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS).
Según el MP, la acción se ampara en el artículo 22 de la Ley de Extinción de Dominio, que autoriza la inmovilización de fondos públicos mientras se desarrolla una investigación. La institución explicó que la medida estará vigente. Esto se mantendrá hasta que concluya el proceso judicial.
Los fiscales investigan un presunto esquema de corrupción dentro del MSPAS, vinculado a la firma del convenio con la Unops. El caso apunta a posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y manejo de recursos.
Fiscalía de Extinción de Dominio del @MPguatemala emite medida cautelar qué ordena al Ejecutivo no pagar 912 millones de dólares a UNOPS por aparentes anomalías en la suscripción de un convenio. La medida del MP debe ser ratificada por un juez de extinción de dominio. pic.twitter.com/LLESStn60G
— Douglas Cuevas (@dcuevas_pl) October 27, 2025
Reacción del Ministerio de Salud
El ministro Joaquín Barnoya afirmó que el convenio con la Unops cumple con la ley y que la Contraloría General de Cuentas, en su auditoría de 2024, no encontró hallazgos sobre el acuerdo.
El convenio se firmó el 30 de abril de 2024, con una duración de 47 meses y un valor total de US$943.9 millones. Su propósito es garantizar el suministro de medicamentos y tecnología médica para los servicios públicos de salud en todo el país.
