El Ministerio Público (MP) presentó diversas publicaciones en medios como pruebas contra la exfiscal anticorrupción Virginia Laparra. La exfuncionaria está en prisión preventiva desde hace nueve meses por un supuesto delito administrativo.

Las presuntas evidencias las expuso en el tercer día del juicio contra Laparra, una abogada que fungió como fiscal en el MP. Esto durante histórica la lucha anticorrupción registrada en Guatemala entre 2014 y 2020.

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El querellante del caso en contra de Laparra es el exjuez Lesther Castellanos. Actualmente se desempeña como Relator Titular de la Oficina Nacional contra la Tortura del Gobierno guatemalteco.

Precisamente los nueve meses de prisión preventiva para Laparra han sido considerados como tortura por parte de organizaciones locales e internacionales de derechos humanos. Todos han criticado la detención de la jurista.

Las publicaciones que presentó el MP como pruebas son noticias o declaraciones en redes sociales por parte de Laparra o de exfuncionarios públicos. Pero posteriores a la detención de la abogada en febrero pasado, según fuentes judiciales.

El juicio contra Virginia Laparra

El juicio comenzó el pasado lunes bajo cargos de supuesto abuso de autoridad de Laparra por denunciar a un juez en 2018.

“Guatemala tiene un sistema de justicia y yo tengo la esperanza de que si funcione” declaró a periodistas Laparra el lunes.

Castellanos, el juez denunciado por Laparra, explicó durante el inicio del debate que en octubre de 2018 la exfiscal lo denunció en cuatro ocasiones, cayendo en un supuesto “abuso de autoridad”, porque ella actuó en su calidad de fiscal, según el acusador.

Laparra fungió como jefa de la sede de la Fiscalía Especial Contra la impunidad (FECI) del Ministerio Público en el departamento (provincia) de Quetzaltenango y denunció a Castellanos en aquel momento porque supuestamente había brindado información de una investigación bajo reserva a terceros.

La organización de derechos humanos Amnistía Internacional, con sede en Reino Unido, resaltó el lunes por medio de un comunicado que luego de revisar el expediente del caso encontraron anomalías que determinaron que Laparra ha estado prisionera de forma injusta.

“La exfiscal Laparra lideró investigaciones de corrupción a gran escala”, detalla el pronunciamiento de Amnistía Internacional y asegura que la persecución contra ella es producto de haber señalado irregularidades en el actuar del exjuez Castellanos.

Casi 50 personas han tenido que salir al exilio en Guatemala, entre jueces, fiscales y periodistas, porque aseguran que son víctimas de persecución judicial por parte del Ministerio Público guatemalteco, en venganza por su protagonismo en la lucha contra la corrupción.