El Ministerio Público (MP) informa que ha presentado las solicitudes para el retiro de antejuicio del binomio electo y de cuatro diputados del Congreso de la República.

Las seis peticiones al Organismo Judicial es en seguimiento a la investigación que han nombrado “Caso toma de la USAC: Botín Político”. La mencionada pesquisa está a cargo de la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación.

Lea también: Organizaciones indígenas repudian ‘golpe’ contra Bernardo Arévalo

Las solicitudes de antejuicio son en contra de César Bernardo Arévalo de León, actual diputado al Congreso de la República y presidente electo. Karin Larissa Herrera, vicepresidenta electa.

[tweet https://twitter.com/lahoragt/status/1725592386510704652 align=’center’]

Contra los diputados Carlos Barreda Taracena, de partido VOS; Samuel Andrés Pérez Álvarez, de partido Semilla, y Adán Pérez y Pérez, de Winaq. Además, figura Raúl Amílcar Barrera Robles, diputado electo por el partido Movimiento Semilla.

La fiscalía no da a conocer por qué no ha solicitado el retiro de la inmunidad de los diputados Aldo Dávila, del partido VOS, y Román Castellanos, de Semilla. Y es que, en la conferencia brindada por el caso, el fiscal adelanto que también accionaría en contra de estos congresistas.

Diputados cuestionan la solicitud de retiro de inmunidad

En el caso por la toma de la USAC, el MP llevó a cabo 31 allanamientos, con 27 órdenes de captura, pero solo efectuó cinco detenciones, de docentes y estudiantes. También entre los detenidos se encuentra Marcela Blanco, quien fue candidata a diputada por el Movimiento Semilla.

La tesis del ente investigador es que la toma del campus central sirvió como “plataforma política” para participar como candidatos en las pasadas elecciones. En algunos casos porque los funcionarios fueron vistos en el lugar, en otros, como en el caso de Arévalo, por pronunciarse en redes sociales.

Al respecto de las solicitudes de retiro de antejuicio, el diputado Carlos Barreda califica de “ridícula” la intención de la fiscalía. Además, señala que se trata de una persecución política para que las autoridades electas no tomen posesión el 14 de enero de 2024.