El Ministerio Público (MP) ha vuelto a accionar en contra del Tribunal Supremo Electoral (TSE) al abrir una nueva investigación.
La nueva averiguación de la fiscalía que dirige María Consuelo Porras, está relacionada con la implementación del programa de Traslado de Resultados Electorales Preliminares (TREP). Ya, que asegura que hay diversas denuncias de anomalías en cómo se computaron los datos, principalmente los consignados en los documentos 4 y 5.
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Esta investigación se ha dado a conocer luego que la Fiscalía Contra Delitos Electorales solicitara al TSE, una copia certificada de los resultados electorales de todas las elecciones: presidente y vicepresidente, diputados al Congreso de la República por Listado Nacional, diputados al Congreso de la República por distrito, diputados al Parlamento Centroamericano y Corporaciones Municipales.
En el requerimiento, la fiscalía indica que necesita una copia que incluya las imágenes de las actas. Así como la tabla o formato de tabulación de los resultados digitados al sistema. Con esto, el ente investigador pretende hacer la comparación para determinar si las denuncias carecen o no de veracidad.
La Fiscalía ha sido enfática que la copia se realice en presencia del personal fiscal y técnico del Ministerio Público, por lo que se indica que dicha extracción de datos y copia se realizara el 3 de agosto a las 10 de la mañana.
El MP a través de la Fiscalía de Sección Contra Delitos Electorales ahora requirió al TSE información de los resultados electorales, además los nombres de los integrantes de Juntas Electorales Municipales y Departamento de Guatemala 👇https://t.co/Fymz4rUKVv
— Diario La Hora (@lahoragt) August 1, 2023
Investigación del MP contra el TSE
Estas diligencias se unen a las que el pasado sábado se dieron a conocer. Esto luego de que la Fiscalía contra Delitos Administrativos solicitará al TSE que le enviara un informe circunstanciado sobre la adquisición del TREP. Se realizó tras atender una denuncia interpuesta por Giovanni Fratti.
Sin contar, la investigación que realiza la Fiscalía Especial Contra la Impunidad en contra del partido Movimiento Semilla, donde se ha buscado la anulación de la entidad política y se ha requerido al TSE información sobre los digitadores contratados para el proceso electoral 2023.