La Organización de Estados Americanos (OEA) manifestó este miércoles su “preocupación” por recientes decisiones judiciales. Según indicó, estas medidas afectan la seguridad jurídica y la transparencia en la renovación de altas cortes e instituciones de control en Guatemala.
Carlos Ayala, jefe de la Misión Especial de la OEA para el Fortalecimiento de las Instituciones Democráticas, habló ante el Consejo Permanente. Señaló que cambios abruptos alteraron la forma de elegir a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC).
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A pocas horas de la votación, un amparo provisional excluyó a profesionales de “ciencias afines” del padrón electoral del Colegio de Abogados. Estos grupos participaban en la elección de magistrados. Por ello, Ayala advirtió que la medida afecta la legitimidad del proceso.
Misión de la OEA para el Fortalecimiento de la Institucionalidad Democrática en #Guatemala advierte riesgos por exclusiones en el proceso del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
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— OEA (@OEA_oficial) February 4, 2026
Procesos determinantes para Guatemala
La misión de la OEA indicó que durante 2026 el país enfrentará procesos clave para su democracia. Entre ellos mencionó la renovación de la Fiscalía General, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la Contraloría General de Cuentas.
Dentro de estos nombramientos destaca la elección de un nuevo fiscal general. Este proceso implicará la salida de Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público (MP) desde 2018.
La gestión de Porras ha recibido cuestionamientos nacionales e internacionales. Diversos sectores la señalan por presuntos actos de corrupción y por acciones judiciales contra fiscales, jueces, periodistas y defensores de derechos humanos. Además, críticos mencionan su papel en intentos de bloquear la candidatura y la investidura del presidente Bernardo Arévalo de León.
Según la OEA, estos procesos deben garantizar la selección de personas idóneas. El objetivo es fortalecer la independencia judicial.
“Modificar en la fase final de un proceso electoral quiénes pueden ejercer el derecho al voto no solo afecta el derecho de asociación. También vulnera los principios de seguridad jurídica e igualdad y debilita la confianza en el proceso”, afirmó Ayala.
Asimismo, el jefe de la misión criticó la exclusión de entrevistas públicas en la selección de candidatos al TSE. Señaló que esta falta de publicidad limita la auditoría social.
“La exclusión de entrevistas públicas en el proceso de integración de la nómina de candidaturas al Tribunal Supremo Electoral restringe la transparencia del proceso. También reduce la igualdad de oportunidades entre aspirantes y dificulta una auditoría social informada”, advirtió.
En la misma sesión, la representante de Guatemala ante la OEA, Claudia Escobar, coincidió en la relevancia de estos procesos. Indicó que el país enfrenta el reto de evitar la influencia del crimen organizado y fortalecer la independencia judicial con apoyo internacional.
