La jueza de Mayor Riesgo A, Claudette Domínguez declaró el sobreseimiento contra 11 diputados que eran señalados por el caso Plazas Fantasmas, al considerar que el Ministerio Público no realizó las clasificaciones adecuadas como lo establece la ley y en otros casos los indicios presentados tienen incongruencias, cambio de datos o incluso cambios en la forma de los delitos por los cuales pretendían procesarlos.

Los 11 diputados beneficiados: César Fajardo, Alfredo Rabbé, Julio César López Villatoro, Carlos Enrique López Girón, Carlos Herrera Quezada, Christian Boussinot, Arístides Crespo, Selvin García, Alexander Castillo, Juan Alcázar y Marcelino Chutá, a quienes señalaron de abuso de autoridad, nombramientos ilegales y peculado por sustracción.

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Durante la audiencia también se iba a resolver la situación legal de 43 trabajadores del Congreso. Señalados en el mismo proceso, mientras que otros 10 ya habían aceptado los delitos.

Entre los empleados del Congreso figura José Luis Mijangos, quien fue director general del Legislativo. Lo señalaban de contratar 87 asistentes, asignados a distintas dependencias de la Junta Directiva. Además, fue diputado durante el gobierno del Frente Republicano Guatemalteco (FRG).

La investigación en el caso Plazas Fantasma

La investigación del MP y la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) determinó que la Junta Directiva del Organismo Legislativo 2014–2015 se contrató a personas sin que llegaran a trabajar al Congreso, pero cobraron salarios de entre Q15 mil y Q20 mil, incluso, algunas personas solo tenían de escolaridad de nivel diversificado.