Varias organizaciones no gubernamentales reclamaron este jueves en la Embajada de Guatemala en España la liberación del líder indígena Bernardo Caal Xol; a este líder al que consideran “injustamente” encarcelado desde hace más de tres años.

Amnistía Internacional, Alianza por la Solidaridad-ActionAid y Alternativa Intercambio con los Pueblos Indígenas trasladaron este pedido; lo solicitaron a la embajadora de Guatemala en Madrid, Mónica Bolaños, según explicaron en un comunicado.

Lee también: Izabal implementa medidas por COVID-19 incluyendo Ley Seca

Amnistía Internacional considera “preso de conciencia” a este defensor de derechos sociales y medioambientales del pueblo maya q’eqchi’; además estas organizaciones han recogido más de 30 mil firmas en apoyo al pedido de libertad, destacaron en la nota.

La embajadora “se ha comprometido a dar traslado de la petición a las autoridades competentes en su país”, aseguraron.

Líder indígena Bernardo Caal Xol ya recibió una condena

Caal Xol fue condenado en 2018 a siete años y cuatro meses de cárcel en un proceso por la defensa de ríos frente a proyectos hidroeléctricos en la región de Alta Verapaz; esto tras exigir una consulta previa entre más 70 mil indígenas afectados.

El fallo en contra de uno de los proyectos logrado por Caal Xol “dio origen a una campaña de desprestigio, acoso y criminalización del líder; acabó finalmente con su apresamiento”, según estas organizaciones.

La condena “no se fundamenta en pruebas fehacientes de que haya cometido los delitos de los que se le acusa; y se han dado retrasos y cancelaciones de recursos al fallo judicial, el último hace unos días, que impiden su justa defensa”, denunciaron.

Estas organizaciones solicitaron a la embajadora que traslade a la Fiscalía General de Guatemala “las medidas necesarias”; esto para lograr la liberación y para que se investigue a los fiscales que llevaron el caso.

El líder indígena recibió la condena por los delitos de detención ilegal con circunstancias agravantes y robo agravado; esto porque la acusación incluía actos de violencia contra empleados de una empresa contratada en uno de esos proyectos.