Los casos de acoso e intimidación contra funcionarios de la Justicia en Guatemala aumentaron un setenta por ciento en 2022. Mientras que similares presiones contra activistas y periodistas crecieron un 54 por ciento. Así alertó hoy el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.
“Es necesario reforzar en Guatemala los mecanismos de protección para garantizar la independencia del sistema judicial y para que en la sociedad civil estén protegidos los defensores de derechos humanos y los medios”, indicó Türk en una comparecencia ante el Consejo de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.
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El alto comisionado recordó que al menos tres defensores de derechos humanos y un reportero fueron asesinados en 2022 en el país.
Recordó también que, en el caso de los funcionarios de Justicia acosados, muchos de ellos trataban casos de corrupción o relativos a violaciones de derechos humanos, en particular los ocurridos en el contexto del conflicto armado ocurrido entre 1960 y 1996.
Hoy recibí a funcionarios exiliados del sector justicia de Guatemala. Reconociendo su labor importante para construir una sociedad justa y transparente fundamentada en derechos humanos y el estado de derecho. https://t.co/Cej7RXeIe2
— Volker Türk (@volker_turk) April 29, 2022
Violencia en Guatemala
Guatemala sigue sufriendo problemas sistémicos relacionados con la discriminación y la desigualdad. Estos limitan la rendición de cuentas, la justicia y las libertades cívicas, resumió Türk.
El alto comisionado también resaltó los “altos niveles de violencia” en el país contra mujeres y niñas. Con más de 48 mil casos registrados el año pasado, entre ellos más de quinientos asesinatos.
Türk instó por ello a reforzar los sistemas de Justicia especializados y a tomar acciones para prevenir la violencia contra la mujer.
El jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos también pidió “esfuerzos más firmes” para garantizar el respeto a las libertades fundamentales en los conflictos de tierras en Guatemala y por la explotación de recursos, en los que suelen ser víctimas pueblos indígenas.
“Debe garantizarse el derecho al consentimiento justo, informado y previo de los pueblos indígenas, y su participación significativa en la toma de decisiones”, aseveró.