El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo este miércoles sentirse “muy preocupado” por la situación de la abogada y defensora de los derechos humanos Claudia González, para quien pidió “un juicio justo”.
El portavoz de la secretaría general, Stéphane Dujarric, subrayó que González está “constantemente perseguida” por la labor que realizó en la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo que crearon precisamente tras un acuerdo con la ONU.
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Según indicó Dujarric, Guterres reconoce “la importante labor de esa comisión y su personal a la hora de luchar contra la corrupción y la impunidad en Guatemala”.
El secretario general recordó que, según los términos pactados entre el Gobierno guatemalteco y la ONU, el personal de la Comisión debía quedar protegido contra los abusos, represalias e intimidaciones por el ejercicio de su labor.
La abogada González espera a ser juzgada por un caso de supuesto abuso de autoridad en una investigación abierta en 2017 sobre el proceder de una magistrada del Tribunal Supremo.
#AHORA 🔴 | El Secretario General de la @ONU_es, António Guterres, expresa su preocupación por la persecución a Claudia González, exfuncionaria de la CICIG en Guatemala. Insta a garantizar un juicio justo y proteger al personal de la Comisión contra cualquier represalia. 👇🏼 pic.twitter.com/IqgQvLqRb9
— eP investiga (@eP_investiga) May 8, 2024
Derecho a un juicio justo
En abril pasado, Amnistía Internacional (AI) llamó también a las autoridades guatemaltecas a que garanticen el derecho a un juicio justo con todas las garantías del debido proceso para Claudia González y que pongan fin a la criminalización de fiscales, jueces, exintegrantes de la Cicig, personas defensoras de derechos humanos y periodistas.
La Cicig desapareció en septiembre de 2019, luego de que el Gobierno del entonces presidente Jimmy Morales (2016-2020) decidió no renovar el mandato de la organización, debido a que las investigaciones que realizaba estaban salpicando su imagen.
La decisión de no renovar el mandato recibió críticas de ONG del continente americano, las cuales indicaron que la decisión abría la puerta a la impunidad.
La Cicig y la Fiscalía habían pedido desaforar al entonces mandatario para que pudieran investigarlo por un posible delito de financiación ilícita en la campaña electoral de 2015 que lo llevó al poder.
