El Comité de Derechos Humanos de la ONU declaró este jueves que Guatemala es internacionalmente responsable por incumplir los acuerdos de reasentamiento y otras medidas de reparación con comunidades del pueblo maya. Estas obligaciones se derivaban de compromisos adquiridos hace 14 años.
El comité concluyó que Guatemala nunca implementó las medidas acordadas. Estas incluían la construcción de viviendas como forma de indemnización para los pueblos K’iche’, Ixil y Kaqchikel, desplazados forzadamente durante el conflicto armado interno en la década de 1980.
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Aunque la decisión no es vinculante, representa un paso importante, ya que responde a una denuncia presentada en 2021 por 269 miembros de esas tres comunidades. El comité está compuesto por 18 expertos en derechos humanos y actualmente lo preside la jurista paraguaya Tania María Abdo.
📢¡Enormes noticias!
🧑⚖️El Comité de DDHH de la ONU tomó una resolución en el caso de los pueblos mayas K’iche’, Ixil y Kaqchikel de Guatemala que reconoce la existencia de un daño intergeneracional por el desplazamiento forzado de los ochenta #TierraArrasada
🧵 pic.twitter.com/lsvd1ysyDW— Indigenous Peoples’ Rights International – IPRI (@IPRightsIntl) May 8, 2025
ONU exige vivienda, becas y acto público de disculpa
La resolución solicita que Guatemala construya las viviendas acordadas y proporcione a las víctimas, sus hijos y nietos, tratamiento médico y psicológico. Además, pide otorgar becas de estudio y realizar un acto público donde el Estado reconozca su responsabilidad y pida perdón por las violaciones cometidas.
El comité también exige que las autoridades busquen y entreguen los restos de familiares desaparecidos, ya que durante las operaciones de “tierra arrasada” muchas víctimas no pudieron enterrar a sus seres queridos conforme a sus rituales funerarios.
La decisión subraya que el desplazamiento forzado violó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. La integrante del comité, Hélène Tigroudja, afirmó que este desarraigo tuvo un impacto devastador y duradero. Explicó que las víctimas perdieron su identidad cultural y dejaron de hablar su idioma. Además, de usar su vestimenta tradicional, lo que afectó también a las generaciones siguientes.
El caso recibió respaldo de un juez adscrito a la Jurisdicción Especial para la Paz de Colombia y de la ONG Indigenous Peoples Rights International. La decisión marca un precedente en la lucha por los derechos de las comunidades mayas desplazadas durante el conflicto armado.
