La Justicia panameña solicitó la extradición de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014); presos en la capital guatemalteca por un proceso de extradición a Estados Unidos, dijo este viernes una fuente del caso.

El Juzgado Tercero Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá autorizó una petición para extraditar desde Guatemala a los hermanos Martinelli a la nación panameña por estar supuestamente involucrados en el caso “Blue Apple”, imputados por delitos económicos.

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Efe tuvo conocimiento que el jueves el Juzgado Cuarto Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Guatemala, presidido por la jueza Mayra de León, celebró una audiencia desde la cárcel de Mariscal Zavala, donde están internos los hermanos Martinelli Linares, para conocer la nueva solicitud de extradición.

Un fiscal del Ministerio Público guatemalteco aseguró a Efe, sin embargo, que tiene mayor peso la primera solicitud procesada en cualquier caso. Además, también tiene mayor incidencia en el caso la acusación por el delito más grande; en este caso, es el señalado por el país norteamericano.

Martinelli y Blue Apple

Ambos hijos del exgobernante panameño son requeridos por la justicia de su país desde mayo de 2019. Esto cuando se supo que habían salido de Panamá, pues los asocian a las tramas del pago de sobornos de la firma brasileña Odebrecht y el esquema “Blue Apple”.  Este involucra en total a 59 personas, entre las que también está su madre, Marta Linares de Martinelli.

La trama “Blue Apple”, según la Fiscalía panameña está relacionada con un desfalco por arriba de los 78 millones de dólares. Además implica delitos como blanqueo de capitales, corrupción de servidores públicos, asociación ilícita para delinquir y falsificación de documentos.

Según la Fiscalía de Panamá, entre 2009 y 2014 operó una red de corrupción en los ministerios de Obras Públicas y Vivienda; donde ex altos cargos exigían presuntamente millonarias comisiones ilegales a varias contratistas del Estado a cambio de agilizar los trámites administrativos de las obras que desarrollaban o a cambio de nuevos contratos.

La Fiscalía, que comenzó las investigaciones en septiembre de 2017, decomisó más de 10 millones de dólares en dinero y bienes. También firmó cinco acuerdos de colaboración mediante los que recuperó otros 25 millones.