La Corte de Constitucionalidad de Guatemala, máximo tribunal del país centroamericano, se reunió de urgencia este jueves para conocer una denuncia por supuesto rompimiento del orden constitucional. La acción surge después de que el Ministerio Público intervino con un allanamiento las elecciones para renovar la corte.

El tribunal informó que su pleno se convocó por decisión de la magistrada Leyla Lemus Arriaga. La reunión responde a una denuncia presentada “con ocasión del resguardo del orden democrático y constitucional”. Esto ocurrió tras el ingreso de la Fiscalía al Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, donde se elige a un nuevo magistrado para la Corte.

Lee también: Con más de 30 agentes armados: MP irrumpe en elección de magistrado constitucional

Por el momento, el tribunal no ha emitido más detalles sobre la sesión plenaria.

Elección en desarrollo

Los comicios de este jueves en el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala definirán a uno de los cinco magistrados para el período 2026-2031. Más de 30.000 juristas participan en la votación.

Los otros cuatro magistrados serán electos en las próximas semanas. El Congreso de la República, la Presidencia y la Universidad de San Carlos estarán a cargo de esos procesos.

La elección de los integrantes de la Corte de Constitucionalidad es clave para la lucha contra la corrupción en el país. Así lo han advertido organismos locales e internacionales, así como el presidente Bernardo Arévalo de León.

Allanamiento genera reacción

La fiscal Leonor Morales dirigió el allanamiento al Colegio de Abogados y Notarios al mediodía. Es la misma fiscal que intentó anular los resultados electorales de 2023 que dieron la victoria a Arévalo de León.

Esos allanamientos en 2023 provocaron que Estados Unidos sancionara a Morales bajo señalamientos de corrupción.

Morales afirmó este jueves que el operativo responde a una denuncia recibida la semana pasada. El Ministerio Público ingresó con agentes armados y con pasamontañas al salón donde se realiza la elección.

La fiscal evitó responder si existe conflicto de intereses, ya que uno de los candidatos pertenece al Ministerio Público.

En la primera vuelta, celebrada a inicios de mes, los abogados Astrid Lemus y Luis Bermejo obtuvieron la mayoría de votos. Analistas los consideran opuestos a los intereses del Ministerio Público.