Pobladores quetzaltecos rechazaron la condena contra una persona que manifestaba el pasado 21 de noviembre en Xela. La protesta era contra el presidente Alejandro Giammattei, diputados y Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público.
Sectores de la sociedad de Quetzaltenango mostraron su rechazo ante la decisión de la jueza, Mayra de León, de condenar a la persona detenida.
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César Ubaldo Boj, fue condenado por el delito de falta al orden público. La sentencia emitida por la jueza del juzgado de paz de Quetzaltenango es de 20 días de arresto conmutables a Q25 diarios; sin embargo, su abogada Claudia Citalán, presentó una apelación para anular la condena.
Olga Martínez, de la Asociación Mujeres En Acción, rechazó la resolución de la jueza porque aduce que “todo guatemalteco tiene derecho a manifestarse máximo por los actos de corrupción de las autoridades de turno”.
“El juez dejó en libertad a otras personas y entonces por qué no al señor Boj. Ahí vemos la desigualdad; quieren quedar bien. Pero al contrario vemos la corrupción en el sistema de justicia”, detalló.
Durante la manifestación del #21N en Quetzaltenango detuvieron a Miguel Estuardo Valle Sam, Cesar Ubaldo Boj Alvarez, Nathalie Andrea Duarte Castañeda y Ana Rebeca Guillen Alcae, a quienes les negaron el recurso de exhibición personal pic.twitter.com/IBlwsNe8Hn
— Festivales Solidarios (@festivalesgt) November 22, 2020
Arnoldo Puac, del colectivo Contra la Corrupción exigió que la sentencia sea anulada. A su juicio hubo abuso de autoridad por la Policía Nacional Civil al arremeter contra la población que se manifestaba pacíficamente.
“Es inaceptable la sentencia de la jueza contra un hermano indígena. Seguramente la juzgadora es parte del pacto de corruptos y por eso no quiere que los guatemaltecos protestemos. Pero jamás dejaremos de alzar la vos”, expresó.
Capturado y condenado por las protestas del 21 de noviembre
El sábado 21 de noviembre miles de quetzaltecos salieron a manifestar por la aprobación del presupuesto nacional por parte del Congreso de la República; la misma contenía préstamos para financiar proyectos no muy claros. También protestaron por la corrupción del actual gobierno central.
La abogada Claudia Citalán, defensora del acusado, explicó que presentó la apelación de la sentencia. Esto porque considera que se vulneraron principios y derechos durante el proceso y no analizaron las pruebas que presentaron durante la audiencia; por ello hay atropello al derecho de defensa.
Por falta de mérito fueron absueltas Natalhie Duarte Castañeda, José Ricardo Pérez Ramírez y Willy Fernando Guzmán Marín; además de Miguel Estuardo Valle Sáenz y su esposa Ana Rebeca Guillen Alcahé, sobrina de la ex gobernadora Dora Alcahé, durante el gobierno de Otto Pérez Molina.
