El juez sexto penal otorgó medida sustitutiva a Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y a Aníbal Argüello, exinvestigador de la CICIG, investigados por el caso Política y Falsedad. El juzgador Israel Celada consideró que no existe peligro de fuga de los implicados.

El pasado jueves, el mismo juez los ligó a proceso por falsedad ideológica con agravación electoral. A otras tres personas que también se les procesó por dicho delito se les benefició con salir de la cárcel. Todos deben reportarse ante el Ministerio Público -MP- y el Organismo Judicial cada 15 días.

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Durante las audiencias el jefe de la Fiscalía Contra Delitos Electorales, Rafael Curruchiche se opuso a las medidas sustitivas. Además, insistió que los señalados fueran ligados por asociación ilícita y conspiración.

Sin embargo, el juez Israel Celada dijo que el MP no demostró la existencia de una estructura criminal.  “Se demostró la organización de un grupo de ciudadanos para formar un partido político, no una grupo criminal. No hay indicios de asociación ilícita”, explicó.

Al concluir la audiencia, Solórzano Foppa criticó a la fiscal general, Consuelo Porras. Aseguró que la jefa del Ministerio Público criminaliza a las personas que hacen uso de su derecho constitucional de la libertad de expresión.

Caso Política y Falsedad

Según la Fiscalía Contra Delitos Electorales, Solórzano Foppa en compañía de otras personas intentaron crear el Partido Político Ambientalista Guatemalteco; donde supuestamente plasmaron firmas de personas que no estuvieron presentes.

También se capturó a Aníbal Argüello, exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-. Él hizo el análisis criminal del caso La Línea y otros como Cooptación del Estado.

Durante su gestión como jefe de la SAT, Solórzano Foppa intervino grandes empresas que evadieron millones de quetzales. Se les obligó pagar más de Q1 mil millones defraudados al Estado de Guatemala.

Durante las audiencias, Solórzano Foppa y Argüello señalaron que su captura obedece a represalias por su actuar contra grupos criminales. Ambos pasaron más de 26 días en prisión preventiva y señalaron que sus vidas corrían riesgo porque compartían con personas que investigaron por corrupción.

EntreCultura 159

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