Marvin Cifuentes es el motivo de las diligencias del Ministerio Público por tercera vez en cinco meses en el despacho del alcalde de Quetzaltenango. En ese lugar agredió sexualmente a una tercera víctima, también trabajadora de la comuna, quien lo denunció.

El fiscal a cargo no ofreció detalles del proceso porque indicó que era otra persona la encargada. El MP tampoco informó del procedimiento a seguir en contra de Cifuentes, quien no ha sido apartado de su cargo como asistente administrativo de la alcaldía.

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Amílcar Rivas, gerente municipal, dijo que la postura de la comuna sobre esta tercera denuncia es que no ha sido hallado culpable en juicio y, por lo tanto, no puede ser destituido. Agregó que las acusaciones pueden ser falsas y por eso él se mantiene en su cargo. Cifuentes recibe un sueldo de Q13 mil 300.

En mayo de este año se presentó la primera denuncia en contra de Cifuentes, quien bajo excusa de revisar si la trabajadora llevaba aparatos de grabación ocultos la tocó sin su consentimiento.

El 12 de octubre se realizó la segunda diligencia del MP por el mismo motivo en el despacho del jefe edil. Este último caso también lo conoce el Instituto de la Víctima en Quetzaltenango que brinda acompañamiento.

Denuncian a alcalde de Quetzaltenango

El alcalde, Juan Fernando López, solamente ofreció declaraciones cuando se presentó la segunda denuncia: eran para afectar su imagen política, dijo, y las catalogó de falsas. Sus palabras motivaron a la trabajadora agredida a plantear una denuncia en contra del edil.

“Con estas declaraciones fuera de lugar incurre en el delito de desobediencia. Estamos pendientes para que el MP haga las diligencias pertinentes y decida si presentan proceso de antejuicio”, dijo Carlos Martínez, abogado de la primera denunciante.

Agregó que espera una orden de captura en contra del presunto agresor sexual.

Cifuentes se mantiene en su cargo y asiste al edificio municipal. La oficina de Recursos Humanos no cuenta con ningún protocolo para atender estos casos. El jefe de esta unidad, Mario Solís, indicó que tienen un manual de ética y su reglamento que rige el comportamiento de quienes laboran en la comuna.

Pilar Bagur, del bloque feminista de Quetzaltenango, asegura que es lamentable que no se hayan tomado medidas serias para proteger a las denunciantes. “Se supone que es una entidad del Estado donde se representa los intereses de todos los ciudadanos y cuando vemos este tipo de actos pareciera que hay un tipo de encubrimiento. El problema es que si no se hace justicia estos hechos se repiten”, dijo.

Bagur invitó a qué mujeres que han pasado por estos hechos denuncien, ofrece el acompañamiento y respaldo como organización de mujeres en el departamento. [Por Shirlie Rodríguez. Vía Ojoconmipisto]