El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, realizó este lunes una consulta al máximo tribunal del país centroamericano, la Corte de Constitucionalidad, sobre la honorabilidad de la fiscal general y jefa del Ministerio Público (Fiscalía), Consuelo Porras.

El documento lo entregaron ante la corte, en el centro de la Ciudad de Guatemala, por parte del secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, en representación de Arévalo de León.

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“Para el Gobierno de Guatemala, la fiscal general no está comprometida en la lucha contra la corrupción”, expuso Guerrero Garnica.

El funcionario agregó que Porras “ha avalado” varios “hechos graves” durante su mandato “y la consideran una actora corrupta y antidemocrática” por 29 países.

Es por ello que Guerrero Garnica indicó que se ha consultado a la Corte de Constitucionalidad sobre la vigencia de la honorabilidad de Porras y si la pérdida de ella, establecida en la Constitución como requisito para su cargo, sería motivo válido para removerle.

Bajo el mando de Porras, la Fiscalía guatemalteca intentó a toda costa en 2023 que Arévalo de León no tomara posesión como presidente tras ganar los comicios de dicho año.

El mismo Arévalo de León indicó en septiembre pasado que Porras llevaba a cabo un “golpe de Estado” en su contra para evitar su investidura.

La fiscal general y la cúpula del Ministerio Público han sido sancionados con la prohibición de ingreso a su territorio por 29 países, incluido Estados Unidos, nación que la señaló públicamente de “socavar” la Justicia en Guatemala.

El presidente no pude destituir al fiscal

La ley del país centroamericano no permite que el presidente destituya a la fiscal general y es por ello que Arévalo de León ha tenido que convivir con la jefa del Ministerio Público durante sus casi 100 primeros días de Gobierno.

Guerrero Garnica dijo que “con esta acción” la Administración de Arévalo de León “continúa haciendo uso de los mecanismos legales y políticos adecuados para la sustitución de la fiscal general” en busca de que el “Ministerio Público esté comprometido en la lucha contra la corrupción como lo demanda el pueblo de Guatemala”.