El presidente de la República, Bernardo Arévalo, derogó el acuerdo que otorgaba seguridad a exfuncionarios de estado por el mismo período de su gestión. El acuerdo creado por el exmandatario Alejandro Giammattei, quedó anulado.

En diciembre de 2023, Giammattei firmó el acuerdo 320-2023. En este, establecía seguridad de la Policía Nacional Civil (PNC) a exministros, exsecretarios y exfuncionarios del Ministerio de Gobernación.

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El período de este beneficio era de hasta cinco años para exfuncionarios de la cartera del Interior. En el caso de los exministros y exsecretarios de Estado, la seguridad iba a ser por el mismo período al tiempo que prestaron su servicio público.

Sin embargo, y tal como lo había anunciado, el presidente Arévalo suprime el acuerdo de Giammattei: “Se deroga expresamente el contenido del Acuerdo Gubernativo Número 320-2023 del Presidente de la República, de fecha 27 de diciembre del año 2023”.

El nuevo acuerdo establecido por el presidente Bernardo Arévalo

A diferencia de lo establecido por Giammattei, el nuevo acuerdo contempla que la seguridad por parte de la PNC, se otorgará “por el plazo proporcional y razonable a la necesidad comprobada”. Esto según el análisis de riesgo que realizará la dirección de la PNC, según el desempeño de su cargo.

La disposición incluye, al igual que el artículo anterior, a exminsitros y exsecretarios de Estado, así como personal que haya prestado sus servicios en el Ministerio de Gobernación.

También establece que los beneficiados con esta disposición podrán solicitar el cese de la seguridad personal antes del plazo determinado. Pero también puede restablecerse por causa justificada, siempre y cuando no exceda el plazo de cinco años.

La nueva normativa determina que será la cartera del Interior deberá establecer el nivel de riesgo al que son objeto los exfuncionarios. Así como el personal y otros recursos.

“En ningún caso la asignación de medidas de seguridad personal superará los seis elementos policiales por turno, así como un máximo de dos vehículos, asignados para el efecto, salvo que, del análisis de riesgo se determine la necesidad del aumento de elementos policiales”, detalla.