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Realizan allanamientos por el caso Seguridad y Transporte

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Hoy en los departamentos de Guatemala y Santa Rosa, en operativos conjuntos y coordinados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) del Ministerio Público, con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) se ejecutaron órdenes de allanamientos y captura, autorizadas por el Tribunal Undécimo de Sentencia Penal, a las siguientes personas y lugares:

ALLANAMIENTO, REGISTRO Y SECUESTRO DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA O DIGITAL DE LAS EMPRESAS:

  • Protección Metropolitana, S.A.
  • Security Professional Systems, Sociedad Anónima/Seguridad y Sistemas.
  • Seguridad, Control y Vigilancia, S.A.
  • Protección Élite De Guatemala/Seguridad y Protección Total S.A.
  • Investigaciones y Seguridad Profesional I.S.P.

ORDENES DE APREHENSIÓN:

  • CARLOS ROBERTO PAZ REYNOSO: Captura ejecutada.
  • CARLOS HERLINDO QUINTANILLA VILLEGAS: Captura ejecutada.
  • MARIO ENRIQUE VARGAS SALAZAR: Orden de captura pendiente de ejecutar.
  • OSCAR ALEJANDRO ROSSI ARCHILA: Captura ejecutada.
  • OTTO RENÉ BERNAL OVANDO: Captura ejecutada.
  • ANTONIO PICHÉ RUIZ: Orden de captura pendiente de ejecutar.
  • REINA MARÍA GÓMEZ GONZÁLEZ: Captura ejecutada.
  • ROBERTO ANTONIO ROBLES REYES: Orden de captura pendiente de ejecutar.
  • EDGAR ROLANDO MÉNDEZ MORALES: Orden de captura pendiente de ejecutar.
  • EDIE RODOLFO JIMÉNEZ MIJANGOS: Orden de captura pendiente de ejecutar.
  • LUIS ALFONSO GÓMEZ GONZÁLEZ: PRÓFUGO desde febrero 2018.
  • RUDY LEONEL MALDONADO CASTILLO: PRÓFUGO desde febrero 2018.

CITACIÓN A PRIMERA DECLARACIÓN:

  • JUAN MIGUEL BERNAL RAMOS

El caso

En el marco de las investigaciones del Caso Trasurbano, y luego de presentadas a principios de 2018 las irregularidades vinculadas al sistema de pre-pago, se profundizó sobre el manejo del subsidio de seguridad de este sistema de transporte.

Durante el año 2008 y 2009 (período que abarca la investigación inicial), personeros de la Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos (AEAU) propusieron implementar un sistema de seguridad para el transporte público TRANSURBANO a funcionarios de la Administración del gobierno de Álvaro Colom. Este sistema de seguridad incluiría un subsidio de parte del gobierno a la AEAU. El gobierno aprobó los subsidios y el sistema de seguridad comenzó a funcionar en los últimos meses del año 2008 y todo el año 2009, inclusive.

Aprovechando la creación del subsidio de seguridad, un grupo de personas conformado por transportistas y por empresarios del ámbito de la seguridad privada, habrían logrado obtener del Estado más de ochenta millones de quetzales para impulsar el Proyecto de Seguridad en el Transporte Público. Una notable proporción de dicha cantidad habría terminado incorporado de manera anómala al patrimonio privado de los integrantes de dicho grupo, mientras que la otra parte sí que se habría utilizado de acuerdo a los fines del Proyecto.

La estructura criminal

Una vez asignados los recursos del gobierno nacional al subsidio a la seguridad en el transporte público, personeros de la AEAU y la empresa de seguridad Protección Metropolitana S.A. subscribieron, de manera unilateral y sin acudir a la Ley de Contrataciones del Estado, varios contratos para la prestación del servicio de seguridad (esto incluía la subcontratación de otras empresas de seguridad).

La investigación evidencia que para tener el control del funcionamiento del negocio, la estructura criminal, se conformó por personeros de la AEAU y Protección Metropolitana S.A. quienes abrieron cuentas de depósitos monetarios desde donde se manejaban los recursos económicos.  Con el objetivo de esconder la extracción indebida de recursos públicos, la estructura criminal realizaba informes a la Contraloría General de Cuentas que contenían datos falsos sobre supuestas prestaciones de servicio de seguridad en el transporte.

La investigación señala que tanto miembros de AEAU y Protección Metropolitana S.A. tenían pleno conocimiento de la causa y actuaron en connivencia para montar el “Proyecto de Seguridad en el Transporte Público” en beneficio de la estructura criminal integrada por ellos mismos.

Es de hacer notar que el Estado de Guatemala asignó para este proyecto la cantidad de Q80,119,000.00, de los cuales la investigación determina hasta el momento una sustracción de Q17,700,000.00 por parte de la estructura criminal.

La investigación determina que los recursos económicos fueron utilizados por la estructura criminal para la compra de bienes inmuebles y aeronaves.

Este caso devela una trama de corrupción en el servicio de seguridad en el transporte público, aspecto fundamental para la calidad de vida de la ciudadanía.

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Allanamientos por supuesto caso de corrupción dentro del Ministerio de Salud

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Esta mañana el Ministerio Público a través de la Fiscalía contra la Corrupción en apoyo de la Policía Nacional Civil, realizan al menos 20 diligencias de allanamiento en varios puntos de la capital.

Según datos el caso estaría relacionado a un caso de corrupción dentro del Ministerio de Salud, sin embargo hasta el momento no se ha oficializado la información.

Las autoridades reportan las capturas de:

  1. Jorge Luis Pérez Ramírez
  2. Edgar Encarnación Lara Caballeros
  3. Edna Carolina Prera Guinther
  4. Byron Francisco Ponce Molina
  5. Susy Verónica Rios Morales
  6. Carlos Guillermo Quijada Sandoval
  7. Roberto Guarán Jiménez
  8. Dora Regina Ruano Saldaña
  9. Luis Antulio Alpirez Guzmán
  10. Javier Eduardo Méndez Franco
  11. Rolando Eberto Cancinos Barrios
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Hombre es condenado por el delito de negación de asistencia económica

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El Ministerio Público a través de la Fiscalía de la Mujer de Alta Verapaz logró ayer una sentencia condenatoria de dos años de prisión conmutables a razón de Q5 diarios contra Cornelio Calel Mejía por el delito de negación de asistencia económica.

La sentencia fue dictada por el Tribunal  Segundo de  Sentencia Penal  Narcoactividad y delitos contra el ambiente  de Cobán Alta Verapaz. Según los indicios presentados por la fiscalía, el 7 de septiembre de 2017, el ministro ejecutor dentro del juicio ejecutivo,  le requirió al sindicado la cantidad de  Q.33,050.00, en concepto de pensiones alimenticias atrasadas a favor de sus cuatro hijos menores de edad y su conyugue.

Calel Mejía se negó a realizar el pago requerido, que correspondía de octubre de 2014 a julio de 2017. Se programó audiencia de reparación digna para hoy a las 10:30 horas y la lectura íntegra de la sentencia para el 21 de enero a las 15 horas. [MP]

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Cuatro ciudadanos mexicanos quedan ligados a proceso por lavado de dinero

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A solicitud de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u otros Activos del Ministerio Público, el juzgado de instancia dictó auto de procesamiento y prisión preventiva contra cuatro ciudadanos mexicanos sorprendidos con la intención de sacar US$. 64 mil 400 dólares estadounidenses.

Se trata de: Jonathan Quezada Flores, Alexia Saraí Herrera Inzunza, Alejandro Galindo Benítez y Abraham Galindo Escamilla; quienes serán investigados por el delito de lavado de dinero u otros activos.

La diligencia de inspección que se inició la noche del lunes y culminó ayer por la noche fue coordinada por personal de la fiscalía, que localizó un compartimiento en el techo de la aeronave, donde escondía los 64 mil 400 dólares de Estados Unidos y 16 mil 500 pesos mexicanos.

El juzgado de turno resolvió en la audiencia de primera declaración, que la audiencia de acto conclusivo se debe realizar el 12 de abril y la audiencia de etapa intermedia fue programada para el 6 de mayo, ambas del 2019.

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