La comunidad de Los Ángeles se resistió este domingo a doblegar su defensa de los indocumentados, a pesar de las amenazas del Gobierno de Donald Trump de más redadas migratorias y la represión de las protestas con los soldados de la Guardia Nacional.
Una multitud se reunió este domingo —por tercer día consecutivo— en el centro de Los Ángeles para manifestarse contra las redadas masivas del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), que dejó más de 100 personas arrestadas, y la militarización de la ciudad.
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Las tensiones aumentaron después de que Trump ordenó el despliegue de 2.000 soldados de la Guardia Nacional para resguardar el edificio federal de inmigración ubicado en el centro de Los Ángeles.
El presidente emitió esta orden bajo una disposición federal controvertida, que evitó la autorización del gobernador de California, Gavin Newsom, en un hecho sin precedentes en seis décadas.
Protestas, bloqueos y choques con la policía local
Los manifestantes se enfrentaron a gritos con unas dos docenas de soldados y con centenares de agentes del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), a quienes acusaron de traicionar a la comunidad con consignas como “debería darles vergüenza”.
Para dispersar la congregación, el LAPD declaró la manifestación como una “asamblea ilegal”. En respuesta, los manifestantes tomaron la Autopista 101, donde bloquearon el tráfico por horas. La policía reaccionó con el uso de gases lacrimógenos.
Trump justifica despliegue y amenaza con más deportaciones
Los enfrentamientos sirvieron a Trump para justificar el despliegue de tropas. Aseguró en su red social que estas acciones eran necesarias para restablecer el orden. Calificó a Los Ángeles como una ciudad “invadida y ocupada por inmigrantes ilegales y criminales”, y reafirmó su compromiso con las deportaciones.
La relación entre la Administración Trump y el gobierno de California se deterioró aún más cuando Tom Homan, conocido como el ‘zar de la frontera’, amenazó con arrestar a la alcaldesa Karen Bass y a Newsom “si se exceden” en sus funciones.
Durante una entrevista con NBC, Newsom respondió: “¡Ven por mí! Eso no me impedirá defender a California”.
Gobierno local entre presiones políticas y seguridad
El dilema se profundizó para Newsom y Bass. Deben exigir el retiro de las tropas, proteger la expresión pacífica de los manifestantes y apoyar a la comunidad migrante. Al mismo tiempo, enfrentan la responsabilidad de contener los actos de vandalismo cometidos por minorías violentas.
Newsom solicitó formalmente a la Casa Blanca el retiro del “despliegue ilegal de tropas” en el condado de Los Ángeles. Advirtió que presentará una demanda este lunes si no se revierte la medida.
El gobernador afirmó: “No teníamos un problema hasta que Trump se involucró. Esta es una grave violación de la soberanía del Estado”.
Por su parte, Bass criticó que el despliegue no responde a razones de seguridad pública, sino a una agenda política.
Ambos funcionarios pidieron a la población mantener la calma. Newsom dijo: “No le den a Trump lo que quiere”, en referencia a los disturbios, mientras Bass insistió en que la ciudad “no necesita ser destrozada” por unos pocos.
Violencia aislada y promesas de más movilizaciones
Aunque la manifestación transcurrió con relativa calma, un grupo de jóvenes se enfrentó con la policía. La fuerza montada intervino después de que destruyeron patrullas y cinco taxis autónomos, que luego fueron incendiados.
El jefe del LAPD, Jim McDonnell, declaró en conferencia de prensa que los vándalos no eran los mismos que participaban en las protestas pacíficas. Señaló: “Son personas encapuchadas. Algunos los llaman anarquistas, pero los encontramos con frecuencia”.
La tensión continúa este lunes, con dos manifestaciones programadas: una contra la prohibición de entrada a extranjeros de 12 países y otra que exige la liberación de David Huerta, líder sindical detenido el viernes durante una redada migratoria en una empresa del centro de Los Ángeles.
