El Estado de Guatemala retiró la reserva al artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. El Gobierno explicó que dicha reserva era ineficaz en la práctica, ya que la Corte de Constitucionalidad (CC) había emitido fallos que anulaban sus efectos.
El artículo 27 de la Convención establece que un Estado no puede usar su legislación interna —ni siquiera su Constitución— como justificación para incumplir un tratado internacional.
Aclaración sobre el porqué del levantamiento de la reserva del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.#Comunicado 🔗 https://t.co/V2thtccydX pic.twitter.com/TgEf9Db4bx
— MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) May 13, 2025
¿La eliminación da preeminencia al derecho internacional?
La reserva permitía a Guatemala firmar un tratado, pero evitar su cumplimiento si contradecía la Constitución. Al retirarla, surgen dudas sobre si esto coloca al derecho internacional por encima del interno.
La Constitución de Guatemala, sin embargo, ya reconoce la preeminencia del derecho internacional en materia de derechos humanos. Así lo establece el artículo 46, que indica:
“En materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno”.
Por lo tanto, la reserva al artículo 27 no tenía efecto real en casos relacionados con derechos humanos. En estos, el derecho internacional ya prevalecía.
La doctrina del bloque de constitucionalidad
La Corte de Constitucionalidad aplica el concepto de bloque de constitucionalidad. Este integra normas y principios —como los tratados internacionales de derechos humanos— que sirven para evaluar la constitucionalidad de leyes y actos jurídicos.
Aunque algunas de estas normas no están expresamente en la Constitución, tienen jerarquía constitucional. Así, el retiro de la reserva no altera la jerarquía normativa existente, sino que reafirma lo que ya se aplicaba en la práctica.
Desinformación y acciones legales de abogados
Algunas publicaciones sugieren que, con esta acción, Guatemala estaría subordinando su Constitución a tratados internacionales. Sin embargo, esto ya ocurría en el marco de derechos humanos, por mandato de la misma Constitución y de la CC.
En paralelo, un grupo de abogados presentó acciones legales en la CC. Su objetivo es revertir el retiro de la reserva, argumentando que el presidente Bernardo Arévalo no tenía competencia para hacerlo.
El Gobierno sostiene que el Ejecutivo tiene facultades legales para formular o retirar reservas, como ya lo han respaldado fallos anteriores de la Corte.
