Los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones del Ramo Penal revocaron una de las medidas sustitutivas otorgadas al periodista José Rubén Zamora, señalando que existen indicios de posible intervención en la investigación o riesgo de fuga.
Medidas sustitutivas revocadas
La medida revocada, otorgada el pasado 26 de agosto por el Tribunal Noveno de Sentencia Penal, incluía:
- Arresto domiciliar.
- Arraigo y prohibición de contacto con coimputados.
- Control biométrico cada 15 días en el Ministerio Público.
- Caución económica de Q15,000.00.
La Sala dio un plazo de 48 horas para ejecutar la orden, una vez la resolución sea definitiva y no haya impugnaciones pendientes. Mientras tanto, Zamora conserva el beneficio hasta que la sentencia quede firme.
Segundo proceso y beneficios otorgados
El 18 de octubre, en un segundo proceso penal, el juez suplente Erick García del Juzgado Segundo Penal también concedió a Zamora arresto domiciliar, permitiendo su salida tras más de 800 días privado de libertad.
Sin embargo, el periodista anticipó que el Ministerio Público (MP) podría buscar revertir dicho beneficio, lo que ahora se concreta con la decisión de la Sala.
Reacciones del presidente Arévalo
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, expresó en su cuenta de X su rechazo a la decisión:
“Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial”.
Arévalo también resaltó la importancia de la libertad de expresión, calificando cualquier resolución en su contra como ilegítima, y aseguró que el Gobierno de Guatemala tomará medidas para defender este derecho fundamental.
Nuevamente buscan que José Rubén Zamora vuelva a prisión de forma completamente abusiva y arbitraria. Está a prueba nuestro sistema judicial y el pueblo de Guatemala ha sido claro en demandar respeto al ejercicio periodístico.
Cualquier resolución que atente contra la libertad…
— Bernardo Arévalo (@BArevalodeLeon) November 15, 2024
Contexto y debate
La resolución de la Sala ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre garantizar el derecho a la libertad de expresión y los procedimientos legales en curso, mientras el caso sigue bajo el escrutinio público y judicial.
