El Ministerio Público (MP), solicitó al Juzgado de Mayor Riesgo A que envíe a juicio a varios implicados en el caso Financiamiento UNE, entre ellos a la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Sandra Torres.

La secretaria general de la UNE, está señalada por los delitos de financiamiento electoral y asociación ilícita. El MP señala que ella consintió al menos siete aportaciones de dinero que suman Q5.9 millones para la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), que no reportaron.

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El MP le imputó Q19 millones no reportados al Tribunal Supremo Electoral (TSE), pero luego lo modificó a Q5.9 millones. También irían a juicio Gustavo Alejos y  Mynor Zimeri por los delitos de asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito.

Nelson García y Elvin Álvarez, por financiamiento electoral ilícito; Julio César López, por asociación Ilícita y financiamiento electoral. A Carlos López Girón, por financiamiento electoral; Víctor Duarte, por asociación Ilícita y financiamiento electoral ilícito. Además, pidió el sobreseimiento del caso para Ángel Ren Guarcas y Pedro Raymundo Cobo.

Sandra Torres

A Sandra Torres la capturaron el 2 de septiembre de 2019, durante un allanamiento que efectuaron las autoridades en la casa de la expresidenciable, ubicada en residencial Maderos 2, en el kilómetro 8 de carretera a El Salvador.

A Torres la ligaron a proceso por ese caso el 16 de octubre de 2019, luego que la jueza Claudette Domínguez aceptara 22 de 300 medios de convicción que presentó el MP y se le imputaron los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no reportado.

Torres guardaba prisión preventiva en Mariscal Zavala. Salió libre a inicios del 2020 luego de haber pagado una fianza de Q800 mil.

El 20 de diciembre de 2021 el pleno Constitucional entró a conocer y resolvió de manera favorable un incidente planteado por la defensa de Torres, quien aseguraba que era inconstitucional su proceso penal, pues los hechos por los que era señalada Torres ocurrieron en la campaña política del 2015, mientras que el delito que se le imputaba recién lo crearon en el 2018 por el Congreso de la República.