El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia -CSJ- rechazó una petición de la excandidata por el partido de la Unidad Nacional de la Esperanza -UNE-, Sandra Torres. Ella buscaba detener el proceso penal que la liga al supuesto financiamiento electoral ilícito.

Según se conoció este día, el pleno rechazó la petición que hizo la defensa de Torres; funcionaria que buscaba se aplicara el fallo de la Corte de Constitucionalidad -CC-, para evitar que sea investigada. Así como ocurrió en el 2019 con los diputados implicados en este caso.

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Pero, tras la resolución de la CSJ, la excandidata presidencial por la UNE deberá seguir bajo investigación. A Torres se le acusa de la comisión de los delitos de asociación ilícita y financiamiento electoral no registrado.

Resolución que favoreció a diputados, pero no a Torres

En febrero del 2019, la Corte de Constitucionalidad falló en contra de la FECI por la resolución que emitió la Corte Suprema de Justicia, que en febrero del 2019, rechazó “in limine” la solicitud de retiro de inmunidad contra los parlamentarios Jairo Flores, Julio Ixcamey, Karina Paz y Jorge Vargas Morales.

Con este argumento, la defensa de Torres pretendió que ella fuera favorecida con dichos criterios y evitar que se continúe con las pesquisas.

Sandra Torres y el caso de financiamiento electoral ilícito

El pasado 2 de septiembre del 2019, Sandra Torres fue detenida por la Policía Nacional Civil -PNC- en su vivienda de Maderos II, kilómetro 8 de carretera a El Salvador.

A ella, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad la acusa en el llamado caso de financiamiento electoral ilícito que ocurrió en el 2015.

Fecha en la que el partido Unidad Nacional de la Esperanza, donde Sandra Torres, era la secretaria general, no reportó Q19.5 millones.