Durante la continuación del juicio en el que el Ministerio Público busca que pasen a manos del estado un total de Q34 millones que fueron inmovilizados al ex Superintendente de Administración Tributaria, Marco Tulio Abadío, al considerar que esto fueron obtenidos de forma ilícita tras la extracción anómala del dinero de las arcas de la SAT, institución que dirigió entre el año 2000 y 2004, los abogados de la superintendencia han solicitado se parte del proceso.

En un hecho inédito dentro de los procesos de extinción de dominio, los representantes de la SAT solicitaron al juez Marco Antonio Villeda, que los tomen como terceros interesados dentro del juicio, al asegurar que dichos fondos afectaron el patrimonio de la Superintendencia y, por lo tanto, tienen interés dentro del mismo.

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Tercero interesado

Ante la petición, el juez indicó que la petición era particular, pues nunca la SAT había solicitado estar dentro de algún proceso, ya que el mismo no se trata de un proceso penal sino administrativo.

Sin embargo, la petición no era únicamente estar como tercero interesado, pues según explico la abogada, la intención de la SAT es que al declarar con lugar la extinción del dinero ubicado en cuentas vinculadas a Abadío, se le entregue un porcentaje de dichos fondos, para así recuperar parte del patrimonio de la institución que se vio afectado con la extracción anómala, por lo que solicitan que se les traslade un monto de Q24.1 millones.

Por su parte, la defensa de Abadío se opuso a la petición de la SAT, pues afirman que todos los actos de resarcimiento al estado como tal ya los ejecutaron según la sentencia que en 2007 dictaron en su contra.

Al momento se espera que el juez Villeda analice la petición de la Superintendencia y se determine si se le puede dar o no participación dentro del juicio y acceder a la solicitud de que se autorice el traslado del monto.

Ley de Extinción de Dominio

Es de destacar, que según la Ley de Extinción de Dominio, todo artículo o dinero que extingan y pase a manos del estado de Guatemala, debe entregarse al Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio para su administración y así estos hacer la repartición respectiva.

En el caso del dinero, la normativa establece que dichos fondos deben trasladarse a las instituciones que conforman el sector de seguridad y justicia para fortalecer sus capacidades de combate al crimen.