Un grupo de senadores de Estados Unidos pidió este martes al Departamento de Estado que tome medidas para sancionar a funcionarios y empresarios guatemaltecos implicados en actos corruptos.
En una carta dirigida al secretario de Estado, Antony Blinken, el influyente senador demócrata Bob Menéndez y otros seis legisladores de su partido en la Cámara Alta piden que se congelen los activos en EE. UU. y se nieguen las visas a los funcionarios de Guatemala que hayan estado involucrados en “actos de corrupción, violación de los derechos humanos o acciones que minen los procesos democráticos”.
Los senadores critican la política del Gobierno de Joe Biden hacia Guatemala, asegurando que ha dado una respuesta “insuficiente” ante los señalamientos de corrupción y de ataque a las libertades por parte del mandatario guatemalteco, Alejandro Giammattei.
“Los esfuerzos del presidente Giammattei y de su Gobierno por acosar y perseguir a funcionarios del Gobierno, miembros de la prensa y organizaciones de la sociedad civil representan un patrón alarmante de persecución de individuos que intentan erradicar la corrupción rampante de Guatemala”, escribieron los legisladores.
Los seis políticos señalaron además que la corrupción y el “deterioro del Estado de Derecho” en Guatemala mina los esfuerzos de EE. UU. por “abordar las causas profundas de la migración irregular”.
Senadores piden al @StateDept aplicar de manera urgente más sanciones contra políticos guatemaltecos, nieguen visas y congelen los activos económicos y las propiedades en los EEUU a funcionarios y ciudadanos del país que participaron en actos de corrupción.
📷 @PrensaComunitar pic.twitter.com/LASmDiEYlr— Epicentro GT (@EpicentroGuate) March 14, 2023
Corrupción en Guatemala
El pasado diciembre, EE. UU. sancionó a varios políticos y exfuncionarios guatemaltecos por corrupción, entre ellos el exministro de Energía y Minas, Luis Alfonso Chang (2016-2020) y el diputado y expresidente del Congreso Allan Estuardo Rodríguez.
Un reconocido periodista guatemalteco, José Rubén Zamora, lleva más de siete meses en prisión preventiva y asegura estar detenido tras las investigaciones sobre corrupción que El Periódico, medio de comunicación que fundó en 1996, ha publicado durante el Gobierno que preside Giammattei.
Las dos acusaciones contra Zamora Marroquín, de 67 años, han sido presentadas por el fiscal Rafael Curruchiche, quien también en 2022 fue sancionado por el Departamento de Estado de Estados Unidos y señalado de crear casos espurios contra operadores de justicia.
