Las autoridades de Singapur ahorcaron a dos presos condenados por tráfico de drogas, las primeras ejecuciones del año en la próspera ciudad-Estado. El país registró un récord de ahorcamientos en 2025, según ONG.
La agencia antinarcóticos de Singapur publicó en su página web el breve reporte. Confirmó que ejecutaron a dos ciudadanos del país después de que fracasaran sus peticiones de clemencia al presidente isleño. Además, después e haber cumplido “el debido proceso legal”.
El comunicado no aporta mayores datos sobre los ejecutados. Sin embargo, asegura que ambos estaban “condenados por posesión de drogas controladas con fines de tráfico”.
“La pena capital se impone únicamente por los delitos más graves, como el tráfico de cantidades significativas de drogas. Esto que causa daños muy graves, no solo a los drogadictos, sino también a sus familias y a la sociedad en general”, reitera el escrito.
Singapur era socialista y después le cayó el capitalismo destructor 😂👇
Singapur tomó la sabia decisión de castigar con pena capital la corrupción y enseñar a los niños que robar era malo, la izquierda desapareció del mapa político y hoy es el cuarto país más rico del mundo 👇 pic.twitter.com/ZHsOKl8H2K
— dejanira (@dejanirasilveir) December 25, 2025
Las leyes de Singapur contra las drogas por las que ejecutaron a los presos
La nación asiática tiene una de las leyes antidrogas más draconianas del planeta y contempla la pena de muerte a partir de un mínimo de 500 gramos de tráfico de marihuana y 15 gramos de heroína, en procedimientos que ONG y activistas tachan de opacos.
Los ahorcamientos, el método que emplea la próspera isla asiática, aumentaron en Singapur en 2025 -15 confirmados por las autoridades, mientras las ONG hablan de 17-, superando el récord previo del que tienen constancia grupos, entre ellos Amnistía Internacional (AI): 13 en 2003.
La isla, gobernada de manera semiautocrática por el Partido de Acción Popular (PAP) desde su independencia en 1965, suele defender las ejecuciones como una manera de mantener seguro el país y afirma que son disuasorias para el consumo de drogas, sin apoyarse en datos.
