La Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH- pidió que se resguardara la vida del exministro Alejandro Sinibaldi por los casos en los que está involucrado. El Sistema Penitenciario informó que activó los protocolos de seguridad para cuidar su integridad en la cárcel a la cual lo envió un juez.
“Se activó todos los protocolos de seguridad para el resguardo de la vida e integridad del exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi. El exfuncionario permanece detenido provisionalmente en una de las cárceles del país, tras su entrega”, informó la institución.
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Alejandro Sinibaldi está involucrado en cinco casos de corrupción de alto impacto que involucran a empresarios y políticos importantes como el expresidente Otto Pérez Molina y la exvicepresidenta Roxana Baldetti. El caso más importante es Odebrecht donde se le señala de quedarse con US$11.6 millones en sobornos.
Vida de Alejandro Sinibaldi corre riesgo
Tras esto, el procurador Jordán Rodas pidió a la Dirección General del Sistema Penitenciario -DGSP- que redoblara la seguridad de Sinibaldi. El magistrado de conciencia dijo que por lo trascendental de los casos su vida corre riesgo.
“Recomiendo urgentemente redoblar la seguridad del privado de libertad Alejandro Sinibaldi, por lo trascendental de los casos, no hay que descartar que pudiera haber personas interesadas en que no declare. Es fundamental garantizar su derecho a la vida”, dijo.
Recomiendo urgentemente al @mingobguate y @Dgspg redoblar la seguridad del privado de libertad Alejandro Sinibaldi, por lo trascendental de los casos, no hay que descartar que pudiesen haber personas interesadas en que no declare. Es fundamental garantizar su derecho a la vida. https://t.co/o9EoeT54pf
— Jordán Rodas Andrade (@JordanRodas) August 25, 2020
Luego de permanecer prófugo por más de cuatro años, Sinibaldi se entregó a la justicia el pasado lunes en Italia. Luego, fue trasladado a México para posteriormente ser entregado a la Policía Nacional Civil –PNC- en la frontera de Tecún Umán, San Marcos.
Estos cinco casos fueron investigados por la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI- y la desaparecida Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG- durante la gestión de la exfiscal general Thelma Aldana y el comisionado, Iván Velásquez.
