La Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) informó que trasladó a Eduardo Gabriel Masaya Juárez al Centro de Detención Preventiva para Hombres de la zona 17, alegando razones de seguridad para proteger la integridad de la población penitenciaria.

Según el comunicado oficial emitido el 16 de mayo, la decisión se basó en la Ley del Régimen Penitenciario en contextos de emergencia. La DGSP aseguró que el traslado respetó los derechos fundamentales de Masaya y se llevó a cabo conforme al marco legal vigente.

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Envían a Masaya previamente a zona 18 por orden judicial

Horas antes, Masaya había sido trasladado al Preventivo para Hombres de la zona 18 por orden del juez Fredy Orellana, titular del Juzgado Séptimo Penal. El movimiento fue confirmado por su abogado defensor Alejandro Xiloj. Detalló que la reubicación ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del 16 de mayo.

Hasta el momento, el juzgado no ha explicado los argumentos jurídicos que motivaron ese traslado inicial, lo que ha generado cuestionamientos desde distintos sectores.

La defensa recusó al juez Orellana antes del traslado

Días antes de la decisión judicial, la defensa de Eduardo Masaya presentó una recusación contra el juez Orellana, alegando que el juzgador adelantó criterio en el proceso penal. Como sustento, citaron un oficio enviado por el juez al Tribunal Electoral del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG) durante las elecciones internas de esa institución.

El primer traslado hacia zona 18 generó reacciones entre diputados del Movimiento Semilla, quienes expresaron su preocupación por el caso. Anunciaron que sostendrían una reunión interna para evaluar posibles acciones legales en defensa de Masaya, por considerar la medida como una decisión cuestionable.

Visita de relatora de la ONU coincide con el caso Masaya

El doble traslado ocurre mientras Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, realiza una visita oficial a Guatemala. Durante su estadía, se ha reunido con autoridades del sistema judicial, representantes de la sociedad civil y funcionarios del Gobierno, en el marco de su evaluación sobre el estado de la justicia en el país.