Un juez ligó a proceso a Juan Francisco Solórzano Foppa, exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- y a Aníbal Argüello, exinvestigador de la CICIG, por falsedad ideológica con agravación electoral. El juzgador Israel Celada no los procesó por asociación ilícita y conspiración.

Otras tres personas también fueron ligadas a proceso por dicho delito. El juez aseguró que hay pruebas para considerar que falsificaron un acta para continuar con el proceso de inscripción de un partido político ante el Tribunal Supremo Electoral -TSE-.

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El fiscal Rafael Curruchiche insistió que los señalados fueran ligados por asociación ilícita y conspiración. Sin embargo, el juez Israel Celada dijo que el Ministerio Público -MP- no demostró la existencia de una estructura criminal, solo la organización de un grupo de ciudadanos para formar un partido político.

“Esa no es una actividad ilícita. No debemos confundir grupo estructurado para cometer un delito a una estructura criminal. La ley da el ejemplo ¿Qué delitos supuestamente cometió esta organización criminal? No hay indicios de asociación ilícita”, explicó el juzgador.

Solórzano Foppa y Argüello investigan casos de corrupción

Según la Fiscalía Contra Delitos Electorales, Solórzano Foppa en compañía de otras personas intentaron crear el Partido Político Ambientalista Guatemalteco; donde supuestamente plasmaron firmas de personas que no estuvieron presentes.

También se capturó a Aníbal Argüello, exanalista de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG-. Él hizo el análisis criminal del caso La Línea y otros como Cooptación del Estado.

Durante su gestión como jefe de la SAT, Solórzano Foppa intervino grandes empresas que evadieron millones de quetzales. Se les obligó pagar más de Q1 mil millones defraudados al Estado de Guatemala.

Durante las audiencias, Solórzano Foppa y Argüello señalaron que su captura obedece a represalias por su actuar contra grupos criminales. Ambos pasaron más de 15 días en prisión preventiva y señalaron que sus vidas corrían riesgo porque compartían con personas que investigaron por corrupción.