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Tres personas capturadas y antejuicio presentado contra un diputado en caso “Negociantes de la Salud”

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Guatemala -. En operativos coordinados entre el Ministerio Público (MP), el Ministerio de Gobernación y la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), hoy se capturó a tres médicos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), vinculados con el “caso negociantes de la salud”. También se presentó una solicitud de antejuicio contra el diputado Roberto Kestler Velásquez, quien pudo haber incurrido en delitos como  asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.

Las órdenes de aprehensión fueron emitidas por el Juzgado Sexto de Instancia Penal en contra de Erick Noé Estrada García por el delito de asociación ilícita y cohecho pasivo; Byron Humberto Arana González por asociación ilícita y cohecho pasivo; y Wálter Omar Linares Pacheco por asociación ilícita y cohecho pasivo. Fueron capturados en diferentes allanamientos ejecutados hoy.

Pendiente de captura Patricia Lizethe Juárez Fernández, por asociación ilícita y cohecho pasivo de forma continuada.

Estas personas formaron parte de una estructura dedicada a cometer delitos (entre mayo 2013 y julio 2015) específicamente contra la administración pública con el fin de obtener beneficios en procesos de adquisición de servicios médicos e insumos en el Seguro Social. Uno de los fines  era acordar procedimientos para asegurar a sus empresas y las de sus coparticipes la mayor cantidad de adjudicaciones por parte del Instituto.

La estructura estaba integrada, entre otros, por: Juan Pablo Muralles Morán, Gustavo Adolfo Alejos Cámbara, Alejandro Enrique Toledo Paz, -operadores y proveedores-. Germey Alonzo Ramírez -colaborador del operador Byron Humberto Arana González-. César Estuardo Hernández Monroy y Patricia Lizethe Juárez Fernández -funcionarios periféricos o colaboradores internos-, Oscar Armando García Muñoz -funcionario central-. José Rodolfo Barrientos Montepeque –proveedor-.
Antejuicio
El Ministerio Público y la CICIG presentaron también hoy solicitud de antejuicio contra el diputado del Congreso de la República Roberto Kestler Velásquez quien pudo haber incurrido en los delitos de asociación ilícita, cohecho activo y tráfico de influencias.
La investigación sobre corrupción dentro del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, evidenció que funcionarios y empleados públicos se involucraban en irregularidades para favorecer a determinados proveedores particulares a cambio del cobro de “comisiones” comprometiendo con ello los recursos estatales; distorsionando la legitimidad de los procesos contractuales; generando un posible enriquecimiento ilícito para sí; y sobre todo, causando un serio detrimento a la idoneidad del servicio que debería prestarse a los usuarios de la seguridad social en Guatemala, con lo cual se estaría comprometiendo su salud e incluso su vida.

Dentro del caso conocido como “negociantes de la salud”, hasta la fecha se ha ligado a proceso a 18 personas por ilícitos cometidos en diferentes procesos de compra y adquisición de productos o servicios. Dentro de las personas señaladas se encuentra José Rodolfo Barrientos Montepeque, representante legal de la entidad Wellnes Center, proveedora del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social; y quien según las investigaciones, formaba parte de una organización criminal y ejercía tráfico de influencias en funcionarios de la institución para que sus intereses fueran favorecidos a través de la adjudicación de contratos (compra directa, cotizaciones, licitaciones, etc.).

Barrientos Montepeque constantemente se comunicaba con el diputado Roberto Kestler Velásquez y le informaba sobre negocios en común que Barrientos controlaba e impulsaba en el IGSS. El Diputado ejercía influencias ante autoridades de dicha institución y de acuerdo con conversaciones telefónicas, ambos obtenían beneficios económicos, al igual que los funcionarios públicos a quienes influía.

Esas acciones indebidas demostrarían que en su calidad de diputado, Kestler faltó a la dignidad del cargo que ejerce y a las obligaciones de probidad, integridad y responsabilidad que el mismo conlleva.
Para lograr su objetivo, los antes mencionados coordinaban y se reunían periódicamente y acordaban los acercamientos con los funcionarios claves del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, entre estos, con el doctor Walter Omar Linares Pacheco (Director de la Unidad de Consulta Externa) y el doctor Byron Humberto Arana González (Subgerente de Prestaciones en Salud), Erick Noé Estrada García y Patricia Lizethe Juárez Fernández.

 

Vía MP

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Agentes aportan de su salario para atención de ciudadanos

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Petén .- Mientras el escándalo, agresión y amenazas lanzado ayer por el gobernador del departamento de Petén agentes de Policia Nacional Civil brindan parte de sus salarios para comprar combustible o reparar las unidades cuando presentan desperfectos mecánicos.

Este es el caso donde los agentes aportan de sus salarios porque la institución carece de Recurso Logístico, el gobernador de Petén desconoce la estructura y el funcionamiento de la institución además de las facultades por ley asisten a los uniformados para cumplir sus funciones.

En declaraciones el gobernador indica que los agentes deben de tener permiso o autorización para realizar un operativo, situación que es falsa debido a que los agentes están facultados para realizar esas acciones en combate a la violencia y el delito sin el permiso ni autorización de nadie, únicamente acatando el articulo 25 de la Constitución Política de la República de Guatemala.

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PNC capturó a presunto responsable de haberle dado muerte a una mujer

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foto: MP

Retalhuleu -. Agentes e investigadores de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a Josué David Díaz Velásquez de 21 años, luego que fuera ubicado a través de cámaras de video vigilancia que están en ese sector; ya que es el presunto responsable de haberle dado muerte a Debora Elizabeth Villatoro Ramírez de 22 años, hecho que ocurrió en la avenida Retalhuleu, callejón San Marcos de la colonia Santa Luisa en Chinautla.

Efectivos de la PNC, al observar a que vivienda ingreso Díaz Velásquez de inmediato fue rodeada, y se coordinó con el Ministerio Público para la realización de tres allanamientos.

Las diligencias judiciales se efectuaron en las avenidas Retalhuleu y Maratón de esa misma colonia; en un inmueble se localizó la motocicleta M-935DNR, la cual presuntamente fue utilizada en el ataque armado, y según la base de datos de la PNC, tiene reporte de haber sido robada el 27 de septiembre de este año en la zona 6 capitalina.

En el sanitario de una de las viviendas, fue encontrada el arma que aparentemente fue utilizada para el crimen; y fue detenido Díaz Velásquez, quien intentó darse a la fuga saltando una pared de aproximadamente 2 metros, pero fue neutralizado.

Además, se reporta la captura de Mara Zobeida Sosa Urbina de 43 años, quien presuntamente permitió el ingreso del sospechoso en su vivienda donde fue localizada la motocicleta y el arma de fuego.

Vía MP

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Dinero en efectivo y un cabezal pasan a favor del Estado

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foto: MP

Ruta Interamericana -. La Unidad de Extinción de Dominio de la Fiscalía contra el Lavado de Dinero u Otros Activos logró que un millón 480 dólares en efectivo y un cabezal pasaran a favor del Estado, después que se demostró que el automotor fue utilizado por el crimen organizado para transportar esa cantidad dineraria ilegal.

De acuerdo con la investigación, en la línea antinarcótica 1577 de la Policía Nacional Civil recibieron dos llamadas, en las cuales se alertaba que en un cabezal trasladaban dinero en efectivo; las autoridades le dieron seguimiento a la denuncia y se efectuó una investigación.

El 31 de enero de 2018 se ubica el cabezal; se le dio seguimiento y fue en el kilómetro 110.5 de la ruta Interamericana que se le ordenó al piloto Héctor Arturo Oliveros Paiz, que detuviera la marcha. Al inspeccionar el automotor fue hallado en uno de los compartimientos los dólares antes mencionados. El dinero lo llevaban en paquetes.

Oliveros Paiz fue aprehendido por la Policía Nacional Civil para que enfrente a la justicia por el delito de lavado de dinero.

El Juzgado de Extinción de Dominio falló a favor del Ministerio Público con lo cual se logró la sentencia con lugar.

Vía MP

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